La consellera insular de Economía y Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull, ha registrado una propuesta de acuerdo a debatir en el pleno del próximo mes con el objetivo de reclamar al Gobierno, y en concreto al Ministerio del Interior, que modifique la normativa sobre seguridad privada para establecer unos requerimientos diferenciados que se ajusten a la dimensión de los negocios, a su volumen de actividad y a su nivel real de riesgo.
Lo hace después de que los joyeros artesanos de Menorca hayan lanzado la voz de alarma por las costosas exigencias en materia de seguridad que les impone la normativa, con grandes inversiones de hasta 10.000 euros para instalar puertas antibalas, sensores sísmicos, rejas extensibles o cajas fuertes de alta seguridad, que ponen en riesgo la viabilidad de los negocios y la supervivencia de parte de un sector que «forma parte del patrimonio artesanal y cultural de Menorca».
Taltavull lamenta que esta normativa ha sido pensada para entidades bancarias o grandes establecimientos y resulta «desproporcionada» para los pequeños negocios artesanales y joyerías de la Isla, sin tener en cuenta su facturación ni el stock que acumulan los establecimientos. Es por ello que reclaman que se apruebe un régimen específico ajustado a los pequeños negocios.
Tanta descentralización administrativa, tanta Comunidad Autónoma, Parlamentos regionales, Diputaciones provinciales, Cabildos y Consells insulares en los dos archipiélagos, más de ocho mil ayuntamientos por toda España... Todo esto supone un gasto económico gigantesco para nuestro país y a menudo también un caos legal y administrativo. Y al final resulta, que cuando les conviene a los que de verdad manejan el cotarro, nos meten a todos en el mismo saco y se acabó la descentralización. Todo el mundo a pasar por el aro y acatar sin rechistar lo que se le ocurra a cualquier funcionario técnico del Ministerio de turno desde un despacho en Madrid.