Los joyeros artesanos de Menorca han alzado la voz contra las medidas de seguridad «totalmente desproporcionadas» que le impone la actual legislación, que les ha supuesto multas de hasta 20.000 euros en tres establecimientos de la Isla y grandes inversiones para los pequeños joyeros que alcanzan los 10.000 euros.
La actual normativa obliga a este tipo de negocios a instalar sistemas de seguridad de grado III, con medidas como puertas antibalas, sensores sísmicos, rejas exteriores o cajas fuertes de alta seguridad. «Son medidas pensadas para entidades bancarias o grandes establecimientos», aseguran desde la Asociación de Empresas de Artesanía de Menorca (Arteme).
«Se trata de una normativa ajena a la realidad de los talleres artesanos, muchos de los cuales trabajan con producciones pequeñas, con materiales de valor limitado. Son inasumibles para autónomos y pequeñas empresas familiares», denuncian la entidad que agrupa a los artesanos menorquines. Es más, recuerdan que muchos de estos negocios están ubicados en edificios del casco antiguo, donde algunas de estas medidas incluso son incompatibles con la normativa urbanística.
Pese a que se trata de un reglamento de seguridad privada aprobado hace dos años la cuestión ha empezado a preocupar ahora, tras las inspecciones y requerimientos de las autoridades a los negocios afectados, que concluyó el mes de septiembre con la imposición de sanciones a tres establecimientos de la Isla.
La asociación advierte que la imposición de estas medidas, por las grandes inversiones que suponen, «pone en riesgo la viabilidad económica y la continuidad de un oficio histórico e identitario de Menorca». En este sentido, aseguran que «los joyeros artesanos no solo representan una actividad económica, sino una parte esencial del patrimonio cultural y creativo de la Isla», a la vez que denuncian que «imponer estas obligaciones sin tener en cuenta la dimensión real de las empresas supone condenar a la desaparición una parte de nuestro legado».
Desde Arteme se agarran al artículo 130 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos deben fomentar y proteger sectores como la artesanía, entendiendo que «la aplicación indiscriminada de estas medidas contradice dicho principio», por lo que reclaman una revisión urgente del Reglamento de Seguridad Privada.
La asociación ha hecho llegar sus demandas a la Dirección Insular del Estado en Menorca para que transmita al Gobierno de España las preocupaciones del sector joyero de la Isla e insta a modificar el reglamento para que «las joyerías artesanas y pequeños talleres puedan quedar exentos de la obligación de aplicar medidas de grado III cuando su volumen de negocio y material lo justifiquen». Asimismo, también solicitan que, mientras tanto, se habilite el procedimiento administrativo de dispensa establecido para los establecimientos afectados, con todas las garantías, y que sirva como atenuante en los expedientes sancionadores ya abiertos.
Además, Arteme ha trasladado su petición y la preocupación del sector a diferentes instituciones y entidades para solicitar su apoyo, como el Govern balear, el Consell de Menorca, los ayuntamientos de la Isla, los partidos políticos y diversas entidades de relevancia insular y nacional vinculadas al comercio y la artesanía, entre ellas PIME Menorca, Ascome, la Organización de los Artesanos de España (Oficio y Arte) y Fundesarte.
Que lleis més absurdes fan en el Parlament de majoria sanchista-separatista-extrema esquerra.