Las alegaciones a la propuesta de sanción que eleva Hidrobal al Ayuntamiento de Maó son muy críticas con el procedimiento en sí. Considera que es extemporáneo e improcedente desde el mismo momento en que las irregularidades imputadas a la empresa, en el caso de haberlas, ya han cesado cuando «la naturaleza de las penalidades en contratos del sector público es coercitiva y no sancionadora». Es decir, que las multas deben servir solo para interrumpir una mala praxis. Para los servicios jurídicos de Hidrobal, este hecho ya invalida el procedimiento.
Además, las alegaciones hacen referencia al daño que este procedimiento causa en las relaciones entre las dos partes. Exponen que durante el verano «se ha conseguido una correcta gestión del servicio garantizando el suministro», a pesar de las complicaciones que presenta Maó en cuanto a recursos hídricos. Esto ha sido posible, prosigue, en «una situación difícil, que requiere de grandes esfuerzos de Hidrobal y de su personal».
Que la propuesta de sanción llegue después de estos esfuerzos realizados en verano es considerado por Hidrobal como «una muestra de este ayuntamiento que dista de permitir una buena gobernanza de la ejecución del contrato y fisura toda confianza legítima» con una «incoación muy extemporánea» del procedimiento sancionador. Lamenta que «en lugar de reconocer los esfuerzos encomiables de Hidrobal aprovecha ahora para intentar trasladar» a la empresa «unas responsabilidades sobre unos hechos derivados del deficiente funcionamiento de la planta que no le corresponden». Añade la alegación que ni siquiera se ha repercutido aún en las tarifas el coste extra que supone esta instalación.