La ley de bienestar animal aprobada este año ha supuesto un varapalo para sectores como el de la canaricultura. Es cierto que afecta a todo el país, pero el factor insular hace que la nueva regulación se haya convertido en la soga que ahoga la cría de canarios y de otras aves.
En la Isla hay dos entidades, la Associació de Canaricultors de Menorca, con sede en Alaior, y la Agrupació de Canaricultors de Menorca, en Ciutadella. Ambas sufren las consecuencias de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, la cual «es una aberración, está hecha por gente sentada en un despacho, que no entienden de canaricultura», afirma Isaac Olives, presidente de la asociación insular. «La ley está enfocada para perros y gatos» y no tiene en cuenta otras realidades, denuncia.
Fin al intercambio
La crianza de canarios va asociada al intercambio de ejemplares entre criadores y tiene una importancia capital. Aún más en una isla, para evitar «problemas de consanguinidad», señala Rut Sastre, presidenta de la Agrupació de Canaricultors. «Los intercambios con otros criadores son necesarios», pues no se pueden cruzar permanentemente los animales de un mismo criadero.
No es que la ley prohíba los intercambios, pero los dificulta sobremanera.
«Antes, MRW ofrecía un servicio de envío a la Península, con transportines, comida, agua, y en menos de un día estaban en destino y en perfecto estado», recuerda Gabi Vilches, de la agrupación de ponent. En la misma línea, Isaac Olives asegura haber enviado muchos ejemplares «y nunca se ha muerto ninguno en el camino».
Sin embargo, coinciden todos, la ley fija «unas condiciones extremas, incluso con aire acondicionado en las jaulas», que hacen inviable una inversión por parte de una empresa de transporte. La única manera de introducir o sacar ejemplares de Menorca es en barco y con el vehículo propio, «los criadores más jóvenes buscan la manera, pero para los más mayores, ahora, los intercambios son imposibles», añade Olives.
La mayoría de aficionados se dedican a la canaricultura sin ánimo de lucro, algunos los crían y los venden. Para ello es obligatorio anillar cada ejemplar, con el número de federado. Por otro lado, la ley aumenta la exigencia en cuanto a certificaciones veterinarias, algo que los criadores ven justificado para que los animales estén en perfecto estado. Para el suministro de medicamentos y antibióticos hay más dificultades, pues se ha restringido mucho su uso. En cuanto a la posibilidad de hacer analíticas (sangre, heces), también lo complica mucho el hecho insular, pues lo encarece mucho el envío a la Península.
Sa veritat es que es vergonyos, no sé a vont arribarem a parar, animals mès ben cuidats no ni ha...