El Consell muestra un apoyo sin fisuras a la nueva ley agraria que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural está tramitando en el Parlament. El equipo de gobierno insular considera que las facilidades que el texto da para el desarrollo de actividades no agroganaderas ofrece al sector «herramientas para garantizar la rentabilidad de las fincas» y «evitar así que nuestra tierra continúe pasando a manos extranjeras», un proceso que, denuncian, se ha acelerado desde la entrada en vigor de la anterior ley sectorial aprobada por el Govern del Pacte en 2019.
Es la idea de fuerza que trató de trasmitir ante el pleno la consellera de Economía, Maria Antònia Taltavull, en respuesta a una interpelación presentada por Més per Menorca, que tiene una visión totalmente distinta del espíritu del anteproyecto de ley. La formación ecosoberanista denunció que «desregula para abrir el suelo rústico a usos impropios del campo» e invade competencias de ordenación turística del Consell insular.
Al entender de Més per Menorca el incremento de plazas turísticas en suelo rústico –el máximo de las agroestancias pasa de seis a diez–, la posibilidad de ampliar hasta un 20 por ciento edificios agrarios para convertirlos en alojamientos, «la desvinculación de las agroestancias a una actividad agraria real» y «la apertura de la puerta a convertir cualquier edificio antiguo del campo en un negocio turístico» no es ayudar a la viabilidad de la payesía «sino acelerar la turistificación del campo y la especulación», en palabras de la portavoz de la formación de izquierdas, Noemí Garcia.
En contra de lo que denuncian desde la oposición, Taltavull aseguró que en el proceso de elaboración de la nueva ley se ha contado «más que nunca» con el sector insular y que la nueva normativa que se está tramitando «no da ayudas, sino que ofrece herramientas para que el sector se diversifique y prospere, simplificando la burocracia y abriendo el abanico de actividades complementarias». Una de ellas es el alojamiento de turistas. Al respecto la consellera defendió que «no se crean nuevas plazas turísticas, sino que se utilizan las existentes en la bolsa de plazas», de las que el Consell deberá reservar un diez por ciento para este tipo de estancias.
Bonificación
También tendrá que bonificar en un 60 por ciento el precio de adquisición de esas plazas (ahora fijado en 2.500 euros por plaza) en el caso de que sean solicitadas por una explotación agraria. La consellera popular aseguró que las condiciones para abrir una agroestancia serán más exigentes que ahora, reclamando una antigüedad de cuatro años como agricultor profesional preferente.
«Pasar de seis a diez plazas hace que este modelo sea económicamente viable para las familias». Por otra parte Taltavull aseguró que el Consell ha velado por garantizar que «cualquier actividad complementaria tenga en la actividad agraria un pilar innegociable» y en ese sentido concluyó que «no habrá actividad complementaria sin actividad agraria preferente».
La “Minorque cinco estrellas” es también la Menorca que blanquea capitales usando los predios como nodos de compensación de excedentes entre multinacionales. Un entramado discreto donde la madona es la gobernanta y. L 'amo es el guardia jurado, mientras la operación avanza: el campo se muere, pero el negocio no. Todo empezó cuando la banca de Francia y de Luxemburgo inundó el mercado español de hipotecas a través de las cajas de ahorro. Cuando aquel modelo empezó a fallar, esas mismas entidades colocaron productos financieros tóxicos —las preferentes— a los jubilados, haciéndoles creer que eran depósitos seguros. Antes de eso, ya habían presionado para desmantelar las cajas regionales, porque era allí donde podían colocar masivamente estos productos sin supervisión real. Cuando las cajas cayeron, miles de familias perdieron los ahorros de toda una vida… pero el capital no se perdió: simplemente cambió de manos y se concentró en bancos y fondos extranjeros. Con ese dinero se compraron clínicas privadas, aseguradoras y redes tecnológicas sanitarias que hoy compiten con la sanidad pública, creando una administración paralela. Al mismo tiempo, controlan bufetes de abogados y oficinas de ingeniería y ordenación del territorio, que asesoran a las instituciones mientras trabajan realmente para esos capitales que blanquean. Hoy también poseen el territorio. Los predios y los agroturismos premium funcionan como estructuras de centrifugado de capitales, con o sin clientes reales.