Facilitar su uso y evitar su abuso. Es el objetivo que persigue el Consorcio de Residuos y Energía con el nuevo reglamento que se está elaborando para regular la utilización de la red de ‘deixalleries’. Las tres grandes novedades que se empezarán a aplicar a lo largo de 2026 y que regirán plenamente con la firma del nuevo contrato de gestión –se espera licitar en el plazo de un año– son la llegada al fin de las ‘deixalleries’ móviles, para propiciar el reciclaje entre la ciudadanía, el fin del anonimato en el depósito de residuos, con un código que permitirá un registro exhaustivo de los usuarios y cantidades, y la imposición de limitaciones que eviten los usos inapropiados de estos recintos públicos por parte de empresas y autónomos de sectores como el de las reformas.
Esta última medida es quizá la más llamativa. La imposición de un tope en la cantidad –en rigor peso– de materiales de desecho que se pueden depositar en las ‘deixalleries’. La intención no es otra que evitar que se sature el servicio debido a la picaresca de una parte del sector privado, que está obligado a gestionar residuos como puedan ser voluminosos llevándolos a gestores autorizados, facturan a sus clientes ese servicio, pero después se aprovechan de la red pública de puntos limpios –gratis o con un coste menor– para ahorrarse dinero. Los límites que van a imponer, en cambio, resultan imposibles de alcanzar para el común de los ciudadanos, a la que en ese sentido no va a afectar la nueva regulación en ciernes.
Lógicamente para poder llevar a cabo ese control del uso de las ‘deixalleries’ se hace imprescindible la identificación exhaustiva e inequívoca de todos los usuarios. No va a resultar complicado ya que el Consorcio de Residuos, el entre mancomunado por todos los ayuntamientos y dependiente del Consell, puede echar mano de los recibos de la tasa de basura para poder identificar a los usuarios por su vivienda y también por su domicilio. Más trabajoso ha resultado para el organismo amoldarse al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Para utilizar el servicio será necesario disponer de un código y quedarán registradas todas las entradas.
Conectadas
Otra de las novedades que se va a introducir en el servicio es la interconexión de los datos entre las distintas ‘deixalleries’ que hay en la Isla, hasta ahora incomunicadas. La idea es que, como hasta la fecha, todas sean de libre acceso para cualquier ciudadano, pero que no se pueda tratar de eludir los límites que se impongan simplemente alternando los puntos verdes de distintos municipios. Esta exhaustividad en los datos de uso de las ‘deixalleries’ abre otro abanico de posibilidades tanto para la gestión municipal como para la del propio Consorcio de Residuos y Energía, en el objetivo urgente de que los municipios –so pena de hacer frente a cuantiosas multas– avancen en el cumplimiento de los objetivos de reciclaje, como la aprobación de bonificaciones o los incentivos en el coste del servicio para los ayuntamientos.
Nuevo contrato
Desde el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca tienen previsto que el año 2026 sea el último en que la gestión de las ‘deixalleries’ está en manos de la empresa pública Tragsa, que se hizo cargo en 2022, cuando la anterior gestora renunció a prorrogar el contrato, y mientras no se licitaba el nuevo contrato. Los pliegos están avanzados pero se ha decidido prolongar la encomienda de gestión un año más, a razón de unos 2,7 millones de euros, para testar y poder ajustar las novedades.
El personal de las dexilleries son unos mal educados y prepotentes, que además de no hacer nada ni ayudar aún amenazan.