El plazo legal para resolver las solicitudes para acceder a la renta social garantizada (Resoga) del Govern es de tres meses. Sin embargo, la práctica totalidad de los expedientes tramitados entre 2023 y 2025 se han demorado por encima de este plazo. En el caso de Menorca son todos.
Así lo ha puesto de manifiesto la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una comparecencia celebrada esta semana en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament donde respondió a varias preguntas del Grupo Socialista.
Fernández considera que la gestión de la Resoga «debería ser prácticamente perfecta» y que lo que se encontró el Govern en el cambio de legislatura fue «totalmente lo contrario». En este sentido, critica que halló más de 6.000 expedientes suspendidos sin notificar ni revisar, lo que supuso «un bloqueo muy importante».
«Había una gestión muy caótica y deficiente, con mucha inseguridad jurídica», advierte la consellera, quien admite que los principales perjudicados de esta situación son las personas que solicitan esta prestación.
Objetivo, agilizar el trámite
Ante la contundencia de estos datos, la consellera remarca que el objetivo de su departamento es mejorar la gestión de esta prestación. «Estamos procediendo ya a las comprobaciones telemáticas, en lugar de a las declaraciones responsables, para poder acceder a este tipo de prestación, porque consideramos que va a dar mucha más seguridad jurídica», señala.
De su lado, el diputado socialista Omar Lamin, que había formulado las preguntas ante la comisión del Parlament, lamenta que estos datos muestran que «se ha dejado atrás» a mucha gente con derecho a esta ayuda. A su criterio, que la administración no responda en tiempo y forma tiene «consecuencias directas» para las personas.
Fuesen peticiones hechas por turistas estarían resueltas en tiempo y forma.