El diputado socialista en el Parlament balear Marc Pons ha defendido su gestión en la investigación sobre el 'caso hidrocarburos' en la que se investiga el papel de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, y ha subrayado que en ningún momento actúo para beneficiar a una empresa determinada. «Me remito a lo que dice el propio informe de la UCO: contactó conmigo y no tuvo respuesta», ha asegurado Pons en referencia a Koldo García, tras conocer su citación como testigo ante la Audiencia Nacional el próximo 28 de enero.
La Fiscalía Anticorrupción solicita su declaración como testigo después de que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señale que Koldo García y Víctor de Aldama trataron de influir en los ministerios de Industria y de Transición Ecológica para agilizar la concesión de de la autorización a la empresa de hidrocarburos Villafuel S. L. y soslayara el «incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello» a cambio de una «contraprestación económica». Pons era entonces jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El diputado socialista se ha remitido a lo que dijo hace unos días en el Parlament y ha reiterado que «este hombre», en referencia a Koldo, había intentado «por diferentes vías y con intereses espúrios» conseguir facilidades para un expediente «y el propio informe de la UCO constata que no los obtuvo». Ha precisado que Koldo García contactó con él «y con mucha gente más, y no obtuvo respuesta». Pons ha señalado que su voluntad es acudir como testigo con la voluntad de colaborar y de responder a todo lo que le pregunten. «Tengo muy poco que contar», ha dicho.
En el pleno del Parlament celebrado la semana pasada, Pons contestó que el informe de la UCO intentó «de forma reiterada, por diferentes vías y con intenciones espurias, obtener una autorización de manera rapidísima», pero precisó que, pese a las insistencias, el mismo informe deja claro que no obtuvo «absolutamente ningún resultado». Informó de que a autorización se concedió el año pasado, en 2024, cuatro años después. «Pese a las insistencias, hay una conclusión clara: la honestidad política en la gestión pública desmonta todos los bulos que ustedes quieren hacer creer», contestó en respuesta al vicepresident del Govern Antoni Costa.
El magistrado Alberto Pedraz investiga último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta que los implicados en este fraude al IVA habrían pagado comisiones de un millón de euros a cambio de que la Administración agilizara la concesión de la licencia de operadora en el sector a Villafuel. Además, sostienen que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos habría ejercido su influencia para conseguir que los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica se implicaran en la operativa.
El nuevo informe elaborado por la UCO constata que el empresario Claudio Rivas, «máximo dirigente de la organización criminal», pidió que Víctor de Aldama intermediara «con el propósito de obtener la influencia del ministro José Luis Ábalos y que incidiera en los órganos ministeriales correspondientes (entre ellos el de Marc Pons) con el fin de agilizar la concesión de la autorización y soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, a cambio de una contraprestación económica».
Una empresa instrumental llamada Have Got Time SL propiedad de Rivas generó un presunto fraude millonario de 49,2 millones durante los años 2021 y 2022 por la Hacienda Pública. Una parte de este dinero fue al pago de aproximadamente un millón de euros «a comprar la voluntad del cargo público -supuestamente José Luis Ábalos- permeando estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas», según el informe de la UCO del que informa este diario.
AlfQue trist ja només te queda insultar, estas desquiciat. Jajajajajajajajaja