La última fase de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, desde el 1 de enero de este nuevo año, genera recelos entre jueces, funcionarios y el resto de cuerpos que integran la judicatura nacional por la revolución organizativa que supone la transformación de los 3.800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia. Entre estos nuevos órganos en que se reconvierten los antiguos juzgados figuran los que van a agrupar a los dos que integraban el Partido Judicial de Ciutadella y los tres del de Maó, más el Juzgado Penal.
Las incertidumbres se sitúan, principalmente, en que las buenas intenciones de la denominada «ley Bolaños» para acortar tramitaciones y ejecuciones de procesos van a chocar con la crónica falta de recursos, más funcionarios y más jueces, para poder rentabilizar la mayor reforma introducida en la estructura judicial española en muchas décadas. «Puede ser un pequeño caos aquí poner en marcha este nuevo sistema con el mismo personal», señalan funcionarios de Maó.
Las sedes judiciales de las dos principales ciudades menorquinas han estado inmersas estos últimos días en los cambios físicos por el traslado de oficinas, con movimiento de mobiliario y de ubicación de personal, más visibles entre los dos edificios de la calle Antoni Joan Alemany, de Maó. La sede más nueva, en el número 2 de esta vía, acoge ya el nuevo Tribunal de Instancia, que sustituye a los tres juzgados mixtos más el Penal. Son cuatro plazas judiciales y un servicio común de tramitación donde irán destinados los Letrados de Justicia y los funcionarios de los demás cuerpos de la Administración. A su vez, en este servicio, dirigido por Cristina Vega Hernández, Letrada de la Administración de Justicia, se tramitarán temas civiles y de instrucción, y habrá un equipo Penal encargado de tramitar la ejecución de las sentencias penales de la Isla.
Mismas sedes en Ciutadella
En Ciutadella, sin embargo, los cambios son organizativos pero no de ubicación del personal. Así, la que ahora se llama Sección Social del Tribunal de Instancia de Ciutadella, se mantiene en la plaza des Born, con una plaza de juez y otra para el Letrado de Justicia, mientras que en la sede de la calle República Argentina se sitúan la Oficina Judicial, con la Sección Civil y la de Instrucción, Registro Civil, Instituto de Medicina Legal, dos plazas de jueces y otras dos de letrados de justicia.
Los funcionarios representados en el sindicato CSIF de justicia consideran que esta reforma no ha contemplado la realidad judicial de Menorca al no aportar medios para ejecutarla en unas plantillas que son de las más inestables del país.
Celeste Mercadal, delegada de esta fuerza sindical en la Isla, lamenta que la reforma se plantee sin ninguna inversión, «es como si quieres reformar la cocina de tu casa sin dinero; solo puedes cambiar los muebles de sitio y es lo que ha hecho el Ministerio».
De opinión similar es Sonia Pallejá, Letrada de Justicia del Penal 1 de Maó. «Las oficinas funcionan con clara insuficiencia de personal», lo que condiciona, añade, «la agilidad y eficacia de servicio público en Menorca. Trabajan, afirma, con una sobrecarga estructural, retrasos prolongados en la tramitación y resolución de procedimientos, especialmente en el ámbito civil. Por todo ello, prevé «una justicia lenta y tensionada, sostenida más por el compromiso de sus profesionales que por una dotación adecuada a las necesidades de Menorca».
Cambio organizativo
Respecto a los términos de la reforma, Pallejá indica que el cambio organizativo está basado en la especialización y eficacia del sistema, «pero los funcionarios somos personas, no máquinas». El problema de bajas sin cubrir durante meses genera un problema estructural «y si no se dota de medios se cronificarán las carencias», concluye la Letrada de Justicia.
La representante del CSIF precisa que esta falta de personal y su estabilización por la insularidad y el coste de vida no ha sido abordada por el Ministerio para que la reforma sea eficiente. Denuncia Celeste Mercadal que el Registro Civil de Maó, que cuenta con el hospital y los tres Juzgados de Paz con más carga de trabajo de la isla, no se ha dotado con personal suficiente, o que el Tribunal de Instancia de Ciutadella no va a con puestos de atención al público.
Los funcionarios de los cuerpos generales (gestores, tramitadores y auxilios), añade la delegada, «somos los más interesados en que esto funcione, pero el ciudadano que entra por la puerta ha de ser debidamente atendido, y las funcionarias somos las que damos la cara ante esta falta de previsión y de organización».
Confianza
La postura abiertamente crítica del personal funcionario se combina con otras opiniones no tan contundentes. Estas apelan a la necesidad de que se conceda un margen de confianza para comprobar si la implantación de esta última fase de la ley puede acelerar los procedimientos.
Sonia Carretero, Letrada de Justicia del que era Juzgado 3 de Maó, considera que el propósito final es plausible. Incide en que especializar a los funcionarios en grupos de trabajo supondrá a la larga una mayor eficacia y rapidez en la tramitación de los asuntos. «Siempre he estado a favor de la especialización, pues quién mucho abarca puede cometer más errores o tener más inseguridad en la tramitación».
La letrada advierte que la transición «requerirá tiempo y paciencia porque los muchos cambios precisan asentamiento de todo el personal, pero confío en que el Tribunal de Instancia de Maó funcionará y favorecerá al justiciable».
El fiscal coordinador de Menorca, Eduardo Norro, aplaza su valoración hasta que no transcurran un par de meses, «aunque la Fiscalía no se ve afectada por esta modificación». Por este motivo estima prematuro enjuiciarla ahora, «habrá que ver cómo funcionan porque todavía están perfilando cómo desarrollar este cambio».
baixamanerSupòs que ho dius per es TC i es Fiscal General, no?