La propuesta inicial del Gobierno central para reformar el modelo de financiación autonómica abre una ventana de oportunidad para Balears, pero también deja interrogantes de calado. Así lo expusieron este viernes en la sede de PIME en Mallorca el catedrático menorquín de Economía Guillem López Casasnovas y la patronal empresarial, que coincidieron en valorar positivamente algunos avances, aunque con reservas importantes sobre el resultado final.
López Casasnovas, que fue consejero del Banco de España entre 2005 y 2017, advirtió de que el impacto real del nuevo modelo dependerá menos de los titulares y más de cómo se apliquen los parámetros técnicos del cálculo. En especial, la denominada población ajustada, la recaudación normativa y el principio de ordinalidad, este último prometido solo para Catalunya, al menos de momento. «El dinero que llegue a Balears hay que analizarlo desde la letra pequeña», señaló.
Entre los aspectos favorables, el economista destacó el aumento de la capacidad fiscal y el mayor peso del IVA y del IRPF en el sistema. Sin embargo, situó las principales carencias en la ausencia de variables clave para el archipiélago. «No se incorpora el coste de la vida ni ningún factor ligado a la inmigración y a la fuerte densificación demográfica», apuntó, al tiempo que advirtió de una posible pérdida de peso del factor de insularidad en el reparto final.
En el plano político, López Casasnovas defendió que la singularidad de Balears justifica una negociación bilateral, similar a la que mantiene Catalunya, una opción que por ahora no figura en la agenda del Govern. «Cuando se piden recursos para paliar los efectos de una población excesivamente densificada, otras comunidades responden con la España vacía. En los foros multilaterales, estas reivindicaciones se diluyen», afirmó.
El catedrático alertó además de que Balears se mueve en «la zona más peligrosa» de la comparativa territorial. Todo dependerá, dijo, de cómo se financien los 21.000 millones previstos para el conjunto de las comunidades (421 millones para Balears de cara a 2027) y de si se cubrirán con nuevos impuestos. «Si es así, los pagaremos especialmente aquí; también habrá que ver cómo se reajusta la población y cómo se valora la recaudación normativa», subrayó.
Desde PIME Mallorca, su presidente Jordi Mora reconoció las debilidades de la propuesta, pero puso el acento en la urgencia de mejorar un sistema «caducado» que arrastra doce años de déficit «injusto e insoportable» para las empresas y los servicios públicos. «Apoyamos los avances que se consigan y creemos que el Govern tiene una ventaja para renegociar», indicó.
El presidente de la patronal hizo un llamamiento a los partidos políticos para superar «la guerra de banderas» y abordar la financiación con una mirada global y técnico-económica, al margen de quién gobierne en Palma o en Madrid. Mora insistió en que una mejor financiación es clave para las pymes y los autónomos: «Permite invertir en innovación, digitalización y formación, mejorar la productividad y crear empleo de calidad». Mora añadió que un sistema más justo facilitaría también la transición hacia un modelo económico más sostenible, ayudaría a retener talento local con mejores prestaciones y reforzaría la cohesión territorial entre islas.
Tanto López Casasnovas como Mora coincidieron en que ahora la atención debe centrarse en la letra final y en la operativa concreta del modelo. Ordinalidad, población ajustada, recaudación normativa y el coste fiscal de la reforma serán determinantes. «El Govern tendrá que vigilar para que esto no acabe siendo un juego de trileros, tan habitual en este tipo de modelos», concluyó el catedrático.
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