El Partido Popular de Maó ha criticado la moratoria aprobada en el pleno de este jueves con el voto a favor de PSOE y Ara Maó para suspender durante un año las autorizaciones para la construcción de piscinas, una medida que considera precipitada y carente de planificación en la gestión del agua.
Los populares y el concejal no adscrito Xisco Cardona votaron en contra de la medida, que forma parte del acuerdo que permitió aprobar los presupuestos municipales de este año y se enmarca en el proceso, ya iniciado, de actualización del Plan de Gestión Sostenible del Agua, del Plan Especial de Sequía y de la creación del reglamento específico de gestión del servicio de agua. Héctor Pons y el portavoz de Ara Maó, Jordi Tutzó, defendieron que con esta moratoria pretenden garantizar que el futuro otorgamiento de licencias se haga bajo un nuevo marco normativo alineado con la gestión responsable del agua.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Virginia Victori, ha advertido de que la suspensión puede generar inseguridad jurídica y derivar en posibles responsabilidades patrimoniales para el Consistorio. «Gobernar no es prohibir, sino planificar y ofrecer soluciones», ha afirmado.
Desde el PP sostienen que la situación hídrica de Maó es conocida desde hace años y acusan al equipo de gobierno de trasladar ahora a la ciudadanía las consecuencias de la falta de previsión. También han criticado la tramitación urgente de la medida, aprobada —según señalan— sin el tiempo necesario para un análisis técnico y jurídico adecuado.
Los populares reprochan al gobierno municipal no haber explorado alternativas como la regulación del consumo, la limitación de volúmenes o la exigencia de sistemas eficientes, y señalan los retrasos en infraestructuras como las desnitrificadoras de Malbúger y Sant Climent como ejemplos de una gestión deficiente.
Sin duda, es oportunismo por parte de Héctor. Pero, a fin de cuentas, el agua que nos vende a precio de oro, no es potable.