El PSOE Migjorn pone en cuestión en términos jurídicos y económicos la gestión de las multas de tráfico en la población, señalando a la empresa Alumbrados Viarios, S.A (Aluvisa), desde 2023 adjudicataria del contrato del radar municipal, y al actual equipo de gobierno que lidera la popular Antònia Camps.
Los socialistas, asimismo, critican la situación de concurso de acreedores en que se halla Aluvisa, lo que podría ser, arguyen, un motivo para la ruptura «del contrato» o cuanto menos, «para exigir garantías adicionales o preparar una alternativa» que garantice el interés público, lo que no se ha llevado a cabo «en ningún caso».
Como también reprueban a la ‘administración Camps’ que, «lejos de aprovechar» la coyuntura para reconducir un contrato «claramente lesivo» para el municipio, se haya autorizado una subrogación contractual a una nueva sociedad, Aluvisa Traffic Systems sin llevar a cabo «ningún procedimiento de contratación nuevo, sin revisar las condiciones económicas y sin debate público», lo que los socialistas califican de «error grave».
El PSOE, además, habla del «agujero económico» al referir a las cuentas relativas a los radares. «Al cierre de 2024, el Ayuntamiento acumulaba 4,8 millones de euros pendientes de cobro, de los que algo más de uno ya es dudoso de ser cobrado». Y añade que el sistema de multas y radares ha generado más de 700.000 euros de gasto y sus ingresos reales apenas generan «un 20 por ciento de esa cantidad».
La réplica del PP
Desde el equipo de gobierno de Es Migjorn Gran, por su parte, aseguran que el PSOE recurre a datos de 2024 y 2025 «de manera parcial», y cita el informe de intervención de 2025, «más actual y objetivo», que no hace advertencia ninguna «sobre este servicio». Asimismo, «las facturas fuera de contrato se han tramitado según la ley», dicen.
El PP niega, según «la realidad de 2025», que solo se recupere un 20 por ciento sobre 700.000 euros de gasto que generan los radares, y dice «no tener constancia oficial» de que Aluvisa haya entrado en concurso de acreedores, que el acuerdo con la empresa «es vigente» y el servicio «funciona sin problemas». Por último, el PP denuncia que los socialistas basan tales datos en un informe de Joan Sánchez Tumoala, «que no es concejal sino uno de los mentores, que son quienes hacen el trabajo a los concejales del PSOE».
aso no va mes endevant per ets socialistes des migjorn, en pens que no s`enteren de res... cuan una empresa esta en concurs de creditors , haurien de saber ells que han de fer,, a mes hi ha contracte? si es legal es contracte amb s`ajuntament? lo que esta clar es sa ILEGALITAT DELS RADARS i mes es primer que van posar a sa sortida des migjorn.. han tornar ja aquets doblers a sa gent que va pagar? a veure socialistes si sou un poc respectuosos amb sa gent, manco xerrar i mes fer, perque de moment amb aquet tema no hau fet res, ni semble que sapigueu per on anar.. i sino asesorar-vos