El antiguo Hospital Militar de Maó se ha convertido ya en el monumento más notorio de la ciudad a la burocracia administrativa en materia urbanística. La propiedad de los terrenos, la sociedad Porto Novo SL, presentó hace seis años –el 21 de febrero de 2020– el llamado estudio de detalle de la zona, el paso previo para aprobar un proyecto que le dé una nueva vida al edificio tras décadas dando una triste bienvenida al municipio. No solo no ha conseguido recibir el visto bueno, sino que ahora todo apunta a que va a tener que volver a empezar la tramitación, una odisea a la que, visto lo visto, todavía le quedan muchos versos para llegar a buen puerto.
El 2 de septiembre de 2023, tras 42 meses de un largo vaivén de deficiencias y subsanaciones, el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) publicaba la aprobación inicial del estudio de detalle por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, ya con informe favorable de los técnicos municipales.
Parecía que al fin se desencallaba la cosa. Nada más lejos de la realidad. Ese era en verdad el inicio de las peores complicaciones. El estudio salía a exposición pública y se procedía a solicitar el informe –entonces preceptivo y vinculante– del Consell insular. Tenía un plazo de dos meses para contestar o el silencio sería positivo. Lo hizo en tiempo y forma para informar desfavorablemente.
Este diario ha tratado sin éxito de afinar, tanto con la empresa, que prefiere no pronunciarse, como con el Ayuntamiento, las causas de ese informe contrario de los técnicos de la institución insular, que ha provocado que el estudio vuelva a los despachos del área de Urbanismo del Consistorio. Lo que sí ha confirmado es que pese a que los técnicos municipales habían dado el visto bueno al informe ahora acatan los argumentos del Consell. Y no está claro que tengan la obligación legal de hacerlo. En este tiempo ha habido cambios normativos que dan vía libre a los ayuntamientos para saltarse los informes de interés supramunicipal del Consell.
Cambio legal
Aquí entran en juego las nuevas medidas de «simplificación administrativa» del Govern de Marga Prohens, aprobadas como decreto en 2024 y ya como ley en 2025. En uno de sus artículos especifica que los ayuntamientos ya no tendrán que pasar el trámite del informe vinculante de los consells insulares, pueden aprobar directamente los planes especiales para el desarrollo de una zona. Parecía que ahí se abría una vía para desencallar el proceso, pero desde el Ayuntamiento de Maó no están de acuerdo. Defienden que, como cualquier tramitación, debe regirse por la normativa que era de aplicación cuando la solicitud fue entrada en el registro municipal y no por las que han sobrevenido posteriormente. Conflicto de interpretación a la vista entre los promotores y los técnicos municipales. Los primeros llevan las de perder en el asunto.
No se puede avanzar qué va a ocurrir con el ya célebre estudio de detalle de la parcela de la calle Vassallo 70-72 de Maó, que en teoría debería ser un mero paso previo que establezca las volumetrías de lo que allí se pretende promover; sin embargo, sí se puede presumir sin mucho riesgo a equivocarse que con los argumentos que dan desde el Consistorio habrá que ceñirse a las deficiencias detectadas por el Consell y subsanarlas, si no volver a iniciar el proceso con la presentación de una nueva propuesta de estudio de detalle. Conociendo la proverbial dilación en las tramitaciones del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Maó, más vale ponerse cómodos para esperar que algo se mueva en el antiguo Hospital Militar.
Otra controversia surge de la interpretación que se hace de los usos que están permitidos. Curiosamente la normativa urbanística municipal, en virtud de convenios al parecer ya caducados con la antigua propiedad, el Ministerio de Defensa, establece que no está permitido transformarlo en viviendas. Debe destinarse la parcela a los llamados equipamientos alternativos, un concepto algo difuso que abarca una gran horquilla de opciones. Sobre el papel, aunque sean de iniciativa y gestión privada, deben servir para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, con ejemplos muy variopintos que incluyen la salud, la educación, la recreación, la cultura y el comercio. Por el momento ni la empresa ni el Ayuntamiento hablan sobre el proyecto concreto que se ha puesto sobre la mesa, toda vez que de poco sirve si antes no se consigue sacar adelante un estudio de detalle convertido en el cuento de nunca acabar.
Si quien gobierna no sabe resolver un problema , es que forma parte del problema. Y si son muchos a la vez esos "gobernantes", el problema es mucho mas gordo.. Ya es hora de que empecemos a hablarlo. Menorca necesita un solo ente administrativo, y los ocho ayuntamientos y el Consell han de ser un solo organismo , aunque pueda haber juntas locales como hay asociaciones de vecinos de calles y barrios. Pero un solo Ayuntamiento insular y con plazs máximos para decidir y resolver , Y a la vez simplificación administrativa y empezar a anular reglamentos que se contradicen e impiden resolver y decidir: "llevar trastos d'enmig". Y funcionarios que sobran..