En abril de 2020, en plena situación de emergencia ocasionada por la Covid-19, los centros educativos empezaron a distribuir Chromebooks entre el alumnado para garantizar la continuidad de las clases y solventar la brecha digital provocada por los confinamientos. Aquellos dispositivos se han convertido hoy en una pieza clave de la metodología educativa para fomentar la competencia digital entre el estudiantado.
A más de cinco años de su llegada masiva, el uso generalizado de estos equipos en el ámbito de la educación genera controversia entre familias y profesionales de la enseñanza, y no solo por razones pedagógicas. El colectivo de familias y docentes 'Aules lliures de pantalles' denuncia que, «a pesar de no ser obligatorio, no se cuenta en los centros con una alternativa real», lo que a su juicio limita opciones educativas y obliga a aceptar el uso de dispositivos tecnológicos sin cuestionarlo, con los efectos adversos que conlleva en los jóvenes, entre ellos, el componente adictivo.
Critican, además, que la digitalización de la educación «se ha impuesto sin que haya existido un debate, evidencias ni regulación garantista». En este sentido, apuntan a uno de los ejes de la polémica, la protección de datos y el consentimiento informado. Señala el colectivo que la documentación de autorización del uso de dispositivos no aclara cómo se gestionan los datos personales de los estudiantes ni quién asume responsabilidades fuera del horario lectivo.
«Los centros solo se hacen responsables del Chromebook en horario de clase», aseguran desde el colectivo, a la vez que afirman que «en algunos institutos ya han detectado un mal uso de estos ordenadores portátiles en horario lectivo». Recuerdan la responsabilidad del centro de asegurar que su utilización es estrictamente educativa y critican que, habiendo sido el propio sistema quien ha introducido este tipo de herramientas tecnológicas en el aula, se responsabilice y sancione al alumnado por un uso inadecuado de las mismas cuando «no están preparados para gestionarlas».
Contradicción
Asimismo, este grupo de familias y docentes que ha conseguido 2.303 firmas y nueve adhesiones de claustros de escuelas infantiles para liberar de pantallas las aulas reprocha la contradicción de establecer límites al uso de dispositivos y, al mismo tiempo, «imponer un tsunami digital en el sistema educativo». Lo ejemplifican, también, con la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros educativos pese a que se reclama como una herramienta en determinadas actividades.
Evocan, en relación con todo esto, las principales recomendaciones actuales de la Asociación Española de Pediatría sobre el uso de pantallas en la infancia: de cero a seis años ninguna exposición; de siete a 12 años, máximo una hora diaria, incluyendo el periodo escolar; y de 13 a 16 años un máximo de dos horas diarias, incluyendo el periodo escolar.
«En el ámbito educativo estamos a la expectativa sobre los pasos que se darán para regular esta digitalización, la administración no está siendo contundente y obliga al individuo a luchar contra el sistema y la presión», advierten desde el colectivo de familias y docentes Aules lliures de pantalles. Anuncian que se han anexionado a otros colectivos del territorio nacional para compartir testimonios y unir esfuerzos. «Fisuras legales harán que esta situación acabe en los tribunales o en la Fiscalía de Menores», consideran. Por el momento, «pedimos repensar el sistema y abrir un debate real, plantear pros y contras del uso de la tecnología en la educación y proporcionar alternativas».
Abu UmarEl Estado nos ha impuesto la digitalización de la escuela. No es nuestro papá, es nuestro amo.