S.D.S., un vecino de Maó que hace años decidió inscribirse de manera voluntaria en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego, está en pie de guerra contra lo que considera una tasa desproporcionada que exige la administración balear para poder darse de baja de este registro. Una medida que, según él, se convierte en una barrera económica imposible de superar para muchas personas que ya han logrado controlar su adicción al juego.
En noviembre de 2025, D.S. solicitó oficialmente su baja en el registro, convencido de que ya había superado los problemas relacionados con la ludopatía. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando se le comunicó que para dar de baja su inscripción tendría que abonar 234,75 euros, una cantidad que, para muchos, puede ser inalcanzable debido el alto coste de vida actual. Este trámite, que en teoría debía ser simple, se ha convertido en un obstáculo administrativo que impide a quienes necesitan salir del registro volver a la normalidad.
«La tasa es un abuso total», afirma D.S., visiblemente frustrado. «No solo es una carga económica, sino que se convierte en una trampa que te deja atrapado en el registro, sin poder salir de él porque no puedes afrontar el pago». A su juicio, esta cifra es completamente desproporcionada para un proceso administrativo que no requiere grandes complejidades, como la revisión de una solicitud y la actualización de datos.
La normativa vigente establece que la tasa solo se aplica en el ámbito de las Islas Baleares, no en el ámbito nacional, y es este hecho lo que más enfurece a D.S. «Lo único que me piden es que me den de baja, pero me exigen una suma que muchas familias no pueden asumir», señala, añadiendo que el sistema que debería ser una herramienta de protección se ha transformado en un obstáculo para quienes buscan superar sus adicciones.
En su respuesta oficial, la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio justifica la tasa como parte de la gestión del registro, pero D.S. no se muestra convencido. «Lo que deberían hacer es revisar la tasa, ajustarla a un coste razonable y evitar que las personas vulnerables sigan atrapadas por un sistema que debería ayudarlas, no estigmatizarlas», comenta.
Por su parte, la consejería defiende que «el cobro de la tasa es una forma de defensa hacia la propia persona para que no vuelva a caer en el juego».
Para él, esta situación no es solo una cuestión personal, sino una lucha por los derechos de todos aquellos que, como él, luchan por dejar atrás un problema serio sin que el sistema los obligue a pagar una suma desmesurada por hacerlo. «No es solo por mí, es por todos aquellos que están atrapados y que no pueden salir por la carga económica», concluye.
¿Le pidieron dinero para meterle en la lista? Otro timo de la estampita, o del nazareno, u otro nuevo...... Pais !!!!!!!