La reforma –por el momento frustrada– del hotel Sol Milanos Pingüinos de Son Bou va camino de convertirse en un caso inédito en el sector turístico español. Es una historia interminable digna de estudio que, de tanto que se dilata sin terminar de resolverse, tiende a desaparecer de la luz pública durante largos periodos de tiempo. Diez años van a cumplirse ya desde que el grupo Meliá Hotels International redactó el proyecto para ampliar y modernizar su establecimiento de la costa sur de Alaior, y los trámites iniciados parecen lejos de dar fruto alguno.
La legalidad de las torres gemelas de la urbanización de Son Bou, que marcará el destino de la modernización planeada por el grupo hotelero mallorquín, sigue dirimiéndose en un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma.
Proceso encallado
Ahí está encallado el proceso desde que en mayo de 2023 el GOB acudiese a la vía judicial para tratar de frenar la ampliación –y consolidación urbanística– de las dos estructuras de indudable impacto paisajístico construidas en 1971. Ha habido movimientos recientes, pero a día de hoy nadie se atreve cuándo –ni mucho menos cómo– va a terminar el culebrón y si finalmente se podrá ejecutar una obra que en 2022 Meliá estimaba que iba a costar 60 millones.
A finales del pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Alaior respondió al fin con sus argumentos jurídicos –tras dos años y medio de silencio– a la demanda judicial que le interpuso el grupo ecologista. También Meliá, que por motivos obvios se personó en la causa, ha remitido recientemente sus argumentos al juez. Ninguna de las partes ha dado más detalles al respecto.
El área de Urbanismo del Consistorio atraviesa momentos de dificultad, ya que lleva tres meses sin un jurista después de que éste se hiciera con una plaza en al Consell insular a raíz del llamado proceso de estabilización. Lógicamente el GOB tampoco quiere desvelar detalles sobre de su estrategia estando como está el tema en plena batalla judicial.
Los ecologistas acudieron a los juzgados después de que el recurso presentado ante el Ayuntamiento contra los planes de reforma quedase sin respuesta. En resumen, la cuestión de fondo es la legalidad de la construcción de los hoteles que posteriormente compró Meliá. El GOB detectó revisando la documentación que la ocupación de los hoteles no se ajustaba a la licencia concedida entonces. Se extendía por poco más de 18.000 metros cuadrados y debían ser 25.000 para justificar la edificabilidad permitida.
La cuestión es capital porque si el hotel no es plenamente legal, no podría acogerse como pretende a la disposición adicional de la Ley de Turismo de 2012 que abre la puerta a ampliaciones. Según el proyecto hecho público, la solución planteada pasa por mantener sus doce pisos de altura escalonando los edificios y elevando la construcción que une las dos torres.
La empresa trató entonces de adjuntar al hotel las parcelas contiguas de su propiedad para alcanzar al menos la ocupación grafiada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1994 –todavía vigente–, pero el GOB defiende que está recurriendo a parte de zona verde para salvar la legalidad de las construcciones. Ese es el motivo de la demanda en trámite. De lo que digan los juzgados dependerá el futuro de la polémica reforma.
La reserva de la biosfera no tiene que ver con cuestiones estéticas. Sino con la protección del territorio en base a factores muy complejos. En mi opinión las construcciones verticales de viviendas y hoteles es una opción más coherente con la protección de la isla que las urbanizaciones en parcelas horizontales así como los hoteles construidos también en horizontal. Deboran el territorio.