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El Consell de Menorca rebajará el 80 % de la multa por alquiler turístico ilegal a cambio de ceder la casa

La institución insular incluye la opción en el programa Lloguer Estable, listo para aprobarse 2 años después

El Consell pretende luchar contra la subida de precios con su programa Lloguer Estable. F | Foto: Gemma Andreu

| Menorca |

Una rebaja del 80 por ciento de la sanción por alquiler turístico ilegal a cambio de ceder temporalmente la vivienda a la administración. Es una de las medidas con las que el Consell insular pretende incentivar la incorporación de casas a su programa Lloguer Estable para destinarlas al alquiler social.

La medida estrella del equipo de gobierno del PP para combatir los precios desbocados del mercado ya está lista para elavarse al pleno más de dos años después de ser anunciada. La cesión de la vivienda no se trata de un invento de la institución insular, sino de una posibilidad recogida en la Ley de Turismo, que desde hace un año contempla además multas por el arrendamiento sin licencia a turistas de hasta 500.000 euros.

Cinco años de cesión

Los infractores, según figura en reglamento del Lloguer Estable que el equipo de gobierno lleva a aprobación inicial en el pleno de este lunes, podrán acceder a esa reducción de la multa siempre y cuando renuncien a su vivienda durante un periodo mínimo de cinco años. En Eivissa ya se ha dado esta semana el primer caso de Balears de un particular sancionado que ha recurrido a esta opción legal, aunque en este caso la cesión se formalizará en favor del Govern.

Las propiedades que se sumen por esta vía al parque de viviendas gestionadas por el Consell se destinarán a la línea de alquiler social del programa, pensada para personas o núcleos de convivencia que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad económica y social (deben ser demandantes de una vivienda de protección del Ibavi).

El Lloguer Estable tendrá otra línea denominada alquiler asequible, destinada a posibles inquilinos con capacidad económica suficiente –una tasa de esfuerzo del 40 por ciento– para acceder a las casas que formen parte de la nueva bolsa de vifviendas del Lloguer Estable.

En este punto cabe recordar que, como ya avanzó este diario, el Consell va a imponer un precio muy por debajo de los que marca el mercado a los propietarios que se sumen al programa, a cambio de mediación y una ayuda de hasta 4.000 euros anuales para invertir en mejoras de la vivienda. Para establecer esos precios se guiará por los precios de referencia del Ministerio de Vivienda, tomando el valor medio de la horquilla que esta calculadora ofrece. El resultado son mensualidades que, para una vivienda que ahora se alquila a mil euros, pasarían a costar menos de 500 euros. El detalle completo del reglamento quedará en exposición pública antes de su aprobación definitiva. El programa no estará operativo, como pronto, hasta el verano.

Los pisos asequibles serán primero para los que lleven al menos 10 años viviendo en la Isla

El reglamento del programa Lloguer Estable establece que solo podrán ser potenciales inquilinos aquellos que hayan estado empadronados en la Isla en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Sin embargo, en el supuesto improbable de que sobren viviendas, se podrán ofrecer a personas que lleven al menos dos años de residencia, siendo entonces la antigüedad de la permanencia en la Isla un criterio de preferencia. Estos criterios no serán aplicables a personas que acrediten haber estado empadronadas fuera de la Isla para cursar estudios. No podrán acceder a la ayuda las personas que ya sean propietarias de un inmueble –sí las que no puedan hacer uso de este– y que no cumplan con los llamados criterios de «exclusión residencial». Para la línea que no es estrictamente de alquiler social se exigirán que con los ingresos se pueda hacer frente al menos al 40 por ciento del precio establecido.

Prioridad para las familias con un solo progenitor y víctimas de violencia de género

Para el procedimiento de selección de los inquilinos el Consell ha decidido priorizar los casos que –sin llegar al extremo de requerir la intervención de los Servicios Sociales– presenten mayores problemas para acceder al mercado del alquiler. En ese sentido refiere casos concretos que tendrán prioridad como son las familias con menores a cargo, con especial atención a las monoparentales (padre o madre solos con hijos), las víctimas de violencia de género, los jóvenes de entre 18 y 35 años y las personas jubiladas o pensionistas con ingresos limitados. Todos esos supuestos serán tenidos en cuenta en los informes técnicos de idoneidad que elaborará el personal del Consell insular basándose en «criterios objetivos de necesidad y adecuación».

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