El Consell insular continúa con su pulso a la oferta ilegal de viviendas turísticas y se ha propuesto no dar su brazo a torcer pese a las dificultades que se encuentra en el ejercicio de su competencia inspectora y sancionadora. Los datos del año 2025 cerrado que facilita el departamento de Ordenación Territorial y Turística del Consell muestran una notable actividad, pero resultados discretos en cuanto al cobro de multas. El año pasado se abrió expediente a un total de 155 casas por alquiler ilegal y 30 de ellos derivaron en procedimiento sancionador. El valor de las multas impuestas ascendió a 898.030 euros. Sin embargo, el de las multas cobradas apenas superó el 23 por ciento, un total de 208.808 euros.
Hay que tener en cuenta que muchos de los presuntos infractores litigan contra el Consell retrasando el pago de las multas y, también, que tanto por aceptación de la culpabilidad, como por pronto pago de las sanciones la Ley Turística contempla importantes reducciones, de hasta el 40 por ciento, en los importes a abonar. Al cierre de 2025 había en trámite un total de 144 expedientes, un volumen de trabajo que supera la capacidad de los recursos humanos de la institución insular.
Por otra parte, el Consell tiene abierto el proceso de presentación de ofertas para un contrato menor de 10.000 euros más IVA para la elaboración de una nueva campaña publicitaria contra el alquiler ilegal. El objetivo es un año más concienciar a turistas y propietarios de los efectos negativos de destinar viviendas sin licencia al alquiler turístico en el actual contexto de crisis, así como animar a la población a denunciar esta práctica. En el redactado de la petición de ofertas, que se cierra el 27 de marzo, se especifica la necesidad de encargar un diseño profesional que permita conseguir el «máximo impacto». El listón está alto después de la campaña del año pasado, con lemas e imágenes muy llamativos intentando disuadir tanto a los infractores como a sus clientes.
El bajo nivel de multas recaudadas y el hecho de que las cifras no coincidan con los miles de anuncios supuestamente ilegales denunciados inicialmente por políticos en busca de protagonismo, demuestra que el procedimiento sancionador se llevó a cabo con muy poca diligencia y rigor. Asimismo, evidencia que tanto los citados políticos como los funcionarios del Consell que ejecutan su agenda política tienen escaso conocimiento de lo que un propietario de una casa o piso puede o no puede hacer, y pone de manifiesto lo desactualizados y desconectados de la realidad que están estos individuos