La plataforma Airbnb deberá hacer efectiva la multa de 64 millones de euros que el Ministerio de Consumo le impuso a finales de 2025 por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.
La noticia se ha conocido esta mañana, después que de que un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya rechazado la solicitud de medidas cautelares, mediante las cuales la empresa pedía la suspensión del pago de la multa hasta que se dictara sentencia firme.
Desde Airbnb ya han anunciado que presentarán un recurso de reposición por considerar que la multa es contraria al marco legal español y europeo, y han defendido que en todo momento han cumplido con la normativa.
1.030 anuncios en Menorca
Desde el Ministerio de Consumo se identificaron un total de 65.122 anuncios publicados en la popular plataforma de alquiler vacacional en los que se incurría en «prácticas comerciales desleales». El organismo dirigido por Pablo Bustinduy trasladó al Govern balear y a los consells insulares un listado de 7.000 viviendas turísticas que se anunciaban de manera irregular, de las cuales 1.030 correspondían a Menorca.
Entre las irregularidades detectadas se encontraban el anuncio de alojamientos sin licencia, la publicación de anuncios con números de registro que no se correspondían con los utilizados en los registros oficiales o la publicación de información incorrecta sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
Asimismo, desde Consumo se acusaba a Airbnb de dificultar la labor de control al negarse a facilitar la información requerida durante la investigación del expediente.
A pesar de que en un primer momento Airbnb se negó a retirar los anuncios requeridos, finalmente lo acabó haciendo. En Menorca el pasado mes de octubre la compañía eliminó cientos de ofertas, en un gesto que llegaba tras más de una década alimentando el fenómeno de la oferta ilegal de alquiler turístico.
El Consell cuestionó la lista
En su momento, desde el Consell se puso en entredicho la fiabilidad del listado de anuncios ilegales que el Ministerio de Consumo les remitió, asegurando que la gran mayoría correspondían a viviendas que disponían de la correspondiente licencia de actividad turística, pero que no habían incluido el número de registro en el anuncio.
Desde la institución insular también se anunció la firma de un convenio con la empresa para retirar los anuncios «manifiestamente ilegales», como aquellos que ofrecen alojamiento en tiendas de campaña o furgonetas.
esfumadoJAJAJA... Ha llegado un punto en el que os creéis que somos totalmente tontos y que nos creemos cualquier chorrada que nos contáis. ¿A ti te parece que alguien que viva en esta isla y se mueva un poquito por ella se va a creer que, como máximo, hay 40 o 50 alquileres ilegales en toda la isla? Jod... es que os creéis que somos idiot... profundos. ¡¡¡Un poquito de vergüenza, campeón!!!