El Consell de Menorca es una institución asediada por decenas de demandas judiciales que suponen un enorme esfuerzo en recursos humanos y económicos. Es al menos la conclusión a la que conduce el informe de fiscalización de las cuentas generales de la administración insular que elabora anualmente la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, que ha publicado este mes el relativo al ejercicio 2023. La fotografía del esfuerzo jurídico, por así llamarlo, de la institución menorquina es como poco llamativa, sobre todo si compara con la del Consell de Mallorca. La máxima institución menorquina cerró ese año con la friolera de 81 litigios en proceso, cinco veces más que su homóloga mallorquina, donde el número de demandas judiciales abiertas era de 16.
La Sindicatura no entra a valorar el número de procesos judiciales abiertos, pero sí pone el acento en que el Consell «no ha realizado una valoración adecuada de la probabilidad de sentencias en contra». Como consecuencia, el órgano de fiscalización externa de las cuentas se ve impedido a la hora de determinar si los 15 millones de euros que se consignaron en las cuentas de 2023 –los últimos de la izquierda– para cubrir eventuales contingencias que puedan surgir resultan suficientes. Tampoco se lo han puesto fácil los profesionales que asesoran al Consell. «No se ha obtenido respuesta de nueve de los 17 asesores jurídicos circularizados (a los que se les ha remitido circulares) respecto de los litigios y las reclamaciones interpuestas contra el Consell y de las ocho respuestas obtenidas no es posible estimar las hipotéticas consecuencias económicas que podrían tener para las cuentas anuales del Consell». Cierto que se refiere siempre al año 2023, pero también que los grandes litigios (por el volumen de las reclamaciones) que entonces amenazaban al Consell siguen sin resolverse.
En ese sentido la propia Sindicatura ofrece una relación resumida de los posibles riesgos y obligaciones que «no incluye la información por los servicios jurídicos del Consell». Por citar los dos casos más onerosos en caso de resolverse contra el Consell, alude al parque acuático de Biniancolla, que está pendiente de movimientos judiciales. Por la anulación de su licencia para el Splash anunció una reclamación de 30,6 millones de euros. También menciona los 43,4 millones de euros que reclama Cesgarden por la demora y obstaculización que a su entender hay de la adaptación del plan general de Alaior al Plan Territorial Insular (PTI) y que ha frustrado la implantación de un hotel en la zona de Son Bou.
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