Los amarristas del Lago de Cala en Bosc acusan al Govern de favorecer a la iniciativa privada con el concurso para la gestión del puerto deportivo. De un lado, denuncian que la falta de previsión para elaborar con suficiente antelación las bases de la licitación ha motivado la concesión de una prórroga para que la actual concesionaria gestione un año más el recinto en precario, sin pagar canon y cobrando por los amarres. Por otro lado, cifran en más de 30 millones de euros el beneficio que obtendrá la próxima adjudicataria durante los veinte años de concesión que planea el Ejecutivo autonómico.
Estas acusaciones surgieron durante el debate celebrado en el Cercle Artístic de Ciutadella, bajo el título «Amarres, ¿gestión pública o privada?». Participaron el conseller balear del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, la alcaldesa de Ciutadella, Maria Jesús Bagur, el presidente del Club Nàutic Ciutadella, Juanmi Llompart, y el presidente de la Associació Club Esportiu Cala’n Bosch, Tolo Torres. Entre el público había representantes políticos de varias formaciones y, entre otros, miembros de entidades como la asociación de amarristas Es Jonquet, de Maó.
El debate suscitó gran interés y llenó el Cercle de público. Foto: KATERINA PU
Precisamente, los colectivos de amarristas criticaron la falta de previsión de la conselleria para elaborar los pliegos de condiciones, que «hace treinta años que se sabía que acababa en 2025». Lafuente justificó que el del Lago es un caso muy particular y sin igual en la comunidad autónoma, algo que ha dificultado mucho la tramitación.
El 3 de mayo se cumplirá el primer año de gestión en precario, sin canon para la empresa, y obteniendo ingresos por el arrendamiento de los amarres, pudiendo superar los 1,6 millones de euros, en base a las tarifas para las embarcaciones de base (a 0,68 o 0,85 euros/m2/día según sea temporada baja o alta) y en tránsito (a 2,70 euros/m2/día los meses de verano) y sin contar ingresos extra (gasolinera, varadero, cajero automático, terrazas de restaurantes, barcas de alquiler).
Gestión pública
El debate sirvió para poner de manifiesto la gran oposición que existe, socialmente, entre las entidades y por parte del Ayuntamiento de Ciutadella, al modelo de gestión privada de los puertos. De hecho, Llompart, Torres y Bagur defendieron su preferencia por la gestión pública, a ser posible por la administración, o en su caso, por entidades sociodeportivas como los clubes náuticos, o por asociaciones de amarristas, todas ellas sociedades sin ánimo de lucro.
El conseller balear defendió que «las experiencias previas» de gestión pública no son satisfactorias, de ahí que opten por la privada, y que Ports IB «no tiene capacidad de personal para asumir nuevas competencias», la gestión del Lago.
Tolo Torres criticó esta posición, en tanto que «Port es la única empresa pública que tiene superávit», y ahondó afirmando que, con la adjudicación en trámite (cuyos pliegos se han publicado en la web de Ports, pero no en el BOIB; y por tanto no tiene aún validez) el Govern favorece a la iniciativa privada en contra del interés general. «A la concesionaria le quedarán más de 30 millones de beneficio en 20 años, con un canon irrisorio» [475.000 euros, más IVA, anuales] y apenas 4 millones de euros de inversión [200.000 euros anuales].
Lafuente aseguró que las tarifas calculadas rebajan un 40 por ciento los precios que se pagan este año con la concesión en precario. Esto no convence a los propietarios de barcas, «los precios no están garantizados, la empresa puede subirlos como quiera», de ahí que calcularan los beneficios a veinte años con las tarifas que pagan con la concesión en precario. En cualquier caso, este 40 por ciento de rebaja de las tarifas no es real, puesto que no incluye el IVA.
Otro punto en común de los partidarios de la gestión pública de los puertos es que solo así se asegura el interés general, con un número reducido de personal y todos los beneficios para el erario público. Esto permitiría incluso realizar inversiones por más de 4 millones y, por otro lado, evitaría que una empresa privada manejara a su antojo las listas de espera para los amarres.
Expulsar a los menorquines
La gestión de los puertos preocupa sobremanera entre los aficionados a la náutica. Maria Jesús Bagur criticó que el acceso de los residentes al mar «es cada vez más difícil y está reservado a quien lo puede pagar» y se convierte en un «lujo». En este sentido, Juanmi Llompart defendió la labor de Es Nàutic, que en su reglamento da preferencia al residente a la hora de conceder los amarres y «todo lo que gana se invierte para dar servicio a socios y no socios».
Memoria HistéricaSimplemente se trata de que en su propia casa los locales tengan prioridad, pero si el concepto de "anfitrión antes que invitado" te resulta indescifrable, quizá la lógica no sea lo tuyo.