Dentro del plan de choque el Consell ha previsto la actualización de los precios en sus contrataciones y concursos, para garantizar la ejecución de proyectos y evitar así que las licitaciones se queden desiertas, debido al encarecimiento de los materiales. No obstante, el presidente de la institución, Adolfo Vilafranca, advirtió ayer de que los concursos que están en marcha y cuya gestión viene determinada por la Ley de Contratos del Sector Público, quedan fuera de su margen de actuación.
«Si el Estado no regula algo diferente de lo que hay ahora y permite una actualización de precios en esos contratos en marcha, nosotros no lo podremos hacer», destacó. Por ello el equipo de gobierno instó a que el Gobierno posibilite a las administraciones locales, con una modificación normativa, a actualizar esos precios de contratos ya iniciados y a movilizar su remanente «porque si no, estamos atados de manos, aunque tengamos recursos en el banco y remanente de tesorería disponible, por eso creemos que el Estado debe de dar un paso más de lo que ha hecho hasta ahora», aseveró.
También el plan anticrisis del Govern contempla una dotación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios. El portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, mostró la preocupación del Govern por la posibilidad de que el conflicto tenga efectos en las promociones de vivienda pública. «Pero estamos atados de pies y manos por la ley de contratos», matizó, reclamando al Gobierno central una modificación de la norma.