El traspaso de competencias de la Demarcación de Costas al Govern ha generado un nuevo conflicto entre las administraciones, en esta ocasión por la situación del puerto de Sanitja. Las pequeñas embarcaciones que estaban amarradas en los pantalanes existentes en este puerto natural ubicado en el Cap de Cavalleria han sido retiradas en cumplimiento de la orden emitida por Costas.
Esta circunstancia inédita ha generado un frente común entre Ports de les Illes Balears (Ports IB), el Ayuntamiento de Es Mercadal y la asociación de usuarios del puerto de Sanitja, que reclaman la reversión de la orden emitida por Costas y piden, al menos, una autorización temporal para ocupar legalmente los pantalanes.
Desde la Delegación del Gobierno en Balears aclaran que la orden de vaciar el puerto de Sanitja de barcas se debe a que para poder atracar embarcaciones en este espacio de dominio público marítimo-terrestre es indispensable disponer previamente de la correspondiente autorización, o bien una concesión, o bien una autorización temporal, y que en la actualidad nadie dispone de ninguno de estos dos permisos. La concesión la solicitó Ports IB en enero de 2023 y, en abril, fue emplazado a subsanar una serie de aspectos que presentaba su propuesta.
En julio de 2023, con el traspaso de competencias, el otorgamiento de la concesión de ocupación pasó a ser potestad de la Comunidad Autónoma, previo informe preceptivo y vinculante a la Demarcación de Costas. Desde la Delegación del Gobierno aseguran que este informe no ha sido solicitado por el Ejecutivo balear.
En el caso de la autorización temporal, afirman que la Comunidad Autónoma es competente para aprobarla sin necesidad de ese informe previo por parte de Costas. Precisamente, esta autorización la solicitó el año pasado la asociación de usuarios del puerto de Sanitja y es la propuesta que volverán a pedir junto al Ayuntamiento de Es Mercadal y Ports IB cuando es el propio Govern quien puede concederla, según la Delegación del Gobierno.
Resulta que Costas Baleares se podría estar asesorando en materia medioambiental con una empresa que también trabaja para los agroturismos. No deja de ser llamativo. Y, mientras tanto, se repite un patrón conocido: se deja que el entorno se deteriore y, cuando la situación ya es crítica, aparecen inversores de Luxemburgo con capitales difíciles de justificar, apoyados por prescriptores locales, para canalizarlos en operaciones fragmentadas. Así surgen puertos deportivos a medida, caminos rurales que dejan de ser de uso común y una proliferación de agroturismos, hoteles spa, galerías de arte y experiencias exclusivas que, en el fondo, forman parte de un mismo entramado empresarial. Lo más preocupante es ver cómo el Consell, a través de este “opening” cultural y con la participación de actores locales, termina maquillando la situación y proporcionando cobertura social y comercial a toda esta cadena, que no es más que una forma de economía circular al servicio de los mismos intereses.