«No va a haber ningún tipo de colapso de los servicios públicos», así de tajante se mostró ayer el secretario general de la Delegación del Gobierno en Balears, Rubén Castro, sobre las acusaciones de la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien augura una mayor presión en el sistema a causa de la regularización extraordinaria de inmigrantes. Castro sacó pecho de la medida que garantizará «los derechos y las libertades de personas que ya están entre nosotros», brindándoles protección jurídica.
También acusó al Govern de «seguir con el discurso de odio racista de la ultraderecha», que «va al margen de los derechos de estas personas» y «de los que tendrían como personas trabajadoras»: «No sé si el Govern prefiere que algunas de ellas continúen pudiendo ser explotadas en determinadas ocasiones», dijo.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, criticó la regularización extraordinaria de migrantes que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Se mostró partidaria de la acogida ordenada y legal, pero apuntó que esta medida supondrá en Balears un peor funcionamiento de los servicios sanitarios y mayor tensión en el mercado de la vivienda, ya que no conlleva «más financiación». También dijo que si bien «no todo el mundo que llega es un delincuente» tampoco «es un ser de luz», en alusión al requisito de que se pidan antecedentes penales para poder acogerse al proceso.
Asimismo, criticó que esta regularización «masiva e indiscriminada», que «contribuye al mundo de las mafias», ignora «todas las alegaciones que han hecho las comunidades autónomas», así como las advertencias de la Comisión Europea: «El comisario europeo de Migraciones Brunner ya dijo que estos inmigrantes regularizados serían legales en España pero que Europa no quiere saber nada», sentenció.
También recordó que el Ejecutivo balear recurrirá ante el Tribunal Supremo la regularización, para conseguir su suspensión cautelar, al entender que «en la práctica» su coste recaerá «única y exclusivamente» en las comunidades.
PP y Vox también mostraron su rechazo, argumentando un «efecto llamada». El portavoz ‘popular’ Sebastià Sagreras criticó que el Gobierno haya aprobado la medida «sin tener en cuenta la realidad de territorios como Balears» donde los recursos están «al límite». Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, acusó a Pedro Sánchez de impulsar el proceso «por la puerta de atrás» y con el objetivo de «anclarse en la Moncloa».
En contraposición, apoyo total de la izquierda, cuyos partidos parlamentarios defendieron el proceso. Así, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, cargó contra el rechazo de Prohens, subrayando que «se está oponiendo directamente al Papa y al Obispado». Igualmente, para Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, la medida es una buena noticia porque «significa dar derechos a las personas».
«Es una oportunidad para la sociedad», dijo el diputado ‘morado’, José María García.
ES MUY GRAVE, hay que arreglar esto y solo hay una manera, CADA UNO A SU CASA.