El Colegio de Trabajadores Sociales de Balears considera «inadmisible» que desde la administración se les traslade la responsabilidad de los problemas organizativos en los ayuntamientos por el proceso extraordinario de regularización de migrantes.
Con los nuevos requisitos aprobados por el Gobierno, el informe de vulnerabilidad pasa a ser necesario en más casos de los inicialmente previstos para completar el proceso. Para ello reclaman que se doten recursos y se den «instrucciones claras y mecanismos adecuados» para garantizar su correcta aplicación.
El Consell de Menorca reveló el lunes que en varios ayuntamientos de la Isla los trabajadores sociales han optado por detener temporalmente la emisión de estos certificados hasta que se resuelvan las dudas que plantea el nuevo formulario tipo que deben rellenar.
Este extremo fue comprobado este viernes por este diario tras contactar con los distintos consistorios: los hay que han paralizado las firmas por completo hasta poder aclarar las dudas, otros que solo tramitan los casos más claros y un último grupo que sigue realizando los informes con normalidad.
«Nosotros no paralizamos»
El Colegio de Trabajadores Sociales rechaza, en todo caso, que se pueda atribuir a los profesionales una voluntad de retrasar este trámite. Aseguran que no está en su mano la paralización de procesos administrativos «ya que esta competencia corresponde exclusivamente a la administración».
A esta se dirigen, precisamente, para reclamar que proporcionen, dentro de sus competencias, «los mecanismos y medios necesarios para poder hacer efectiva» la regularización extraordinaria y afirman que el problema «no es por la capacidad de los trabajadores sociales sino de las administraciones para poner en funcionamiento lo que establece la ley».
El Colegio añade que los profesionales del trabajo social «disponen de la formación, capacitación y criterio técnico necesario para la elaboración de estos informes y actúan de acuerdo con los principios de responsabilidad, rigor profesional y toma de decisiones éticas establecidas por su Código Deontológico».