El Ayuntamiento de Ciudadela de Menorca ha trasladado al Secretario de Estado de Justicia la «necesidad urgente» de impulsar la construcción de la nueva sede judicial del municipio. Hace años que los terrenos se pusieron a disposición del Ministerio de Justicia y la obra está a la espera de licitación pese a disponer del proyecto de ejecución aprobado y validado.
La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Balears alerta de que la sede actual de los juzgados de Ciutadella es la que presenta las «peores condiciones» de Balears.
El consistorio ha expresado su preocupación por los retrasos acumulados y ha instado al ministerio a acelerar los trámites pendientes para evitar nuevos retrasos en un equipamiento «imprescindible» para la Isla.
En el escrito remitido a la cartera de Justicia, el Ayuntamiento recuerda que la mutación demanial del solar destinado a este equipamiento fue aprobada definitivamente por el pleno municipal en julio de 2023, si bien el compromiso de cesión data de hace ocho años-
Posteriormente, el contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra se licitó el 21 de octubre de 2024 con un presupuesto base de 719.950 euros.
Según la información facilitada por el diputado balear en el Congreso Pepe Mercadal, el proyecto ya ha sido entregado y se encuentra actualmente en fase de supervisión por parte de la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio. Una vez finalizada esta etapa, está prevista la licitación de las obras de construcción.
Inversión millonaria
La construcción de los nuevos juzgados de Santa Rita contempla una inversión estimada de 15,18 millones de euros y un plazo de ejecución aproximado de 30 meses. Según las previsiones manejadas por el Ministerio de Justicia, el inicio de las obras podría producirse a finales de este año o a principios del próximo ejercicio, dependiendo de los tiempos de tramitación administrativa y supervisión del proyecto.
El consistorio ha destacado que Ciudadela arrastra desde hace años unas instalaciones judiciales que no responden a las necesidades actuales del servicio ni a las condiciones que merece la ciudadanía. Esta situación afecta también a los profesionales que desarrollan su labor en estos juzgados y, por extensión, al conjunto de la población de Menorca que depende de estos servicios de administración de justicia.
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