La Dirección General de Tráfico mantiene inactivos los tres radares que arrebató al Ayuntamiento de Maó en 2024, dos años después de que el Ayuntamiento los hubiera adquirido e instalado en Via Ronda, calle Ses Quatre Boques y en Sant Climent.
Fue entonces cuando debían de haber entrado en funcionamiento tras un largo periodo de 22 meses de supuesta concienciación ciudadana cuando la DGT comunicó al Ayuntamiento que por normativa, tanto la gestión como la recaudación de estos cinemómetros era competencia exclusiva de Tráfico. Argumentó que sus tres ubicaciones son consideradas vías interurbanas porque no disponen de ninguna vía alternativa de la misma categoría, y por tanto su gestión le pertenece, pese a que fue el Ayuntamiento quien hizo el desembolso para su compra, a instancias de la Policía Local.
Ahora, transcurridos dos años más desde entonces, resulta que los tres radares nunca han sido activados por la DGT ante la extrañeza del propio equipo de gobierno municipal, como ha admitido el alcalde, Héctor Pons.
La semana pasada el primer edil se entrevistó en Maó con el jefe provincial de la DGT en Balear, Fernando Alonso, nombrado hace justo un año en el cargo. El argumento esgrimido por el delegado territorial para explicar la inactividad de los radares es que aún no se ha podido coordinarse la operativa para ponerlos en funcionamiento, gestionarlos y tramitar las sanciones. Alonso, incluso, ofreció al alcalde la opción de trasladar los tres cinemómetros en otras localizaciones que decidieran los técnicos y la Policía Local, opción que no se contempla por el momento.
Función solo preventiva
Los tres radares, en cualquier caso, han conseguido ejercer una función preventiva que ha mejorado ostensiblemente la seguridad en las vías en las que se encuentran. Desde su ubicación no han vuelto a producirse accidentes graves ni atropellos gracias a las limitaciones de velocidad que debían controlar estos dispositivos aunque en la práctica no lo han hecho nunca, pese a que el Ayuntamiento había permitido que los conductores creyeran que estaban activos durante el primer año.
Héctor Pons solicitó en su día a Tráfico, tras perder la gestión de los radares, el reembolso de los 150.067 euros que le costaron al municipio, y que parte de los ingresos de las multas, que nunca se han puesto, revirtieran en el municipio, sin que sus peticiones fueran atendidas.
Gastaron dinero público en radares, dijeron que eran por seguridad, la DGT se los quedó… y dos años después siguen apagados. ¿Nadie sabía cómo funcionaba la normativa antes de gastar el dinero de todos? HECTOR FUERA YA!