La Fiscalía Anticorrupción estrechó este miércoles el cerco en torno al exconcejal y expresidente del PP-Ciutadella, Avel·lí Casasnovas, al creer que ha encontrado el rastro del dinero y está en condiciones de probar el enriquecimiento ilícito que UPCM y los grupos de izquierda en el Ayuntamiento ya le denunciaron en septiembre de 2009.
Durante el último medio año, desde que a finales de abril irrumpió de nuevo en Ciutadella para dar inicio a la 'Operación Pomada' (caso Nerer), el fiscal Pedro Horrach ha podido investigar los datos fiscales del exconcejal en Hacienda y cruzarlos con personas de su entorno.
El resultado, de este miércoles, fue la detención de Avel·lí Casasnovas y de su presunto 'hombre de paja', el constructor Ildefonso Vinent, acusados ambos de los ilícitos de cohecho, malversación, fraude a la administración y blanqueo de capitales.
Aprovechando el parón en el juicio del caso Nóos a la espera de decidir si la Infanta puede o no ser procesada, el fiscal Pedro Horrach se plantó en el Juzgado de Ciutadella junto a un grupo de agentes de la Policía Judicial, quienes entre las once de la mañana y el mediodía practicaron ambas detenciones.
Avel·lí Casasnovas, quien ya había sido detenido en mayo de 2011, se entregó voluntariamente. Los funcionarios que llevan la investigación le llamaron al no poder localizarle para que se personara en el Juzgado, donde ya le esperaban el fiscal Horrach y los agentes que le secundan.
No obstante, su abogado Xavier Lluís Lázaro asegura que hace dos días llamaron a Casasnovas desde el Juzgado número 2 para que se pasara para «unas diligencias». Al llegar, se encontró a Horrach, quien le anunció su detención. Esta versión es desmentida por los investigadores.
Luego, la Policía Judicial fue a por Ildefonso Vinent, que a las diez de la mañana ya había acudido al Juzgado junto a su abogado Juan Manuel Casasnovas por otra causa menor. Se le detuvo en su casa y condujo nuevamente hasta el Juzgado.
Una vez allí, y a la vista de que los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Ciutadella no podían usarse, Horrach decidió trasladarlos a Sant Lluís, en cuyo acuartelamiento de la Benemérita llegaron entre la una y las dos de la tarde y donde pasaron ambos la noche a la espera de prestar declaración entre el jueves y el viernes, en función de como evolucionen las pesquisas de la investigación.
El fiscal se quedó en Ciutadella, donde tomó declaración a otros dos testigos, que se añaden a los que ya testificaron el 28 de abril y a los tres empresarios locales que siguen imputados desde entonces en la causa. Se trata de Fernando Orfila y los hermanos Francesc y Antoni Cavaller, a quienes se acusa de sendos ilícitos de malversación y prevaricación por haber defraudado dos millones de euros.
Este jueves está previsto que se practiquen nuevas detenciones y se lleven a cabo diversas actuaciones bajo la supervisión del fiscal Horrach.
La operación se prolongará durante toda la semana, al menos hasta el sábado, con el objeto de dejar liquidado el caso, que en las próximas horas se pasará al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciutadella para que lo instruya.
Una vez culmine la operación, el fiscal se centrará en ultimar el escrito de acusación del otro caso que Anticorrupción tiene abierto en Ciutadella, Citur (Operación Xoriguer), y que espera entregar en el mismo juzgado a finales de este mes de enero. Volverá a acusar, entre otros, a Avel·lí Casasnovas de los presuntos amaños en la adjudicación de contratos del área de Turismo del mismo gobierno, por la que se defraudaron a las arcas públicas medio millón de euros.
Permuta
La Fiscalía investiga una operación urbanística consistente en un acuerdo de permuta de inmuebles mediante el cual el Ayuntamiento adquirió la antigua casa señorial del siglo XVIII Can Saura Morell, propiedad de Nerer Inmobiliaria SA, a cambio de una parcela municipal situada en el Sector B8, junto a Sa Platja Gran.
Esta permuta fue aprobada por el Ayuntamiento de Ciutadella en diciembre de 2005.
De este manera, se da continuidad a la operación iniciada el pasado mes de abril, en la que resultaron imputados tres empresarios de Ciutadella: Fernando Orfila y los hermanos Antonio y Francisco Cavaller Gener.
Agentes de la Policía Judicial y de la Guardia Civil -bajo la dirección del fiscal Horrach- llevaron a cabo a finales de abril registros en la empresa Edifincas Menorca, situada en la calle Muralla de Artrutx, en el centro urbano, y en las dependencias del área de Urbanismo del consistorio de Ciutadella.
En octubre de 2007, a propuesta del grupo municipal del PSM, el ayuntamiento de Ciutadella acordó crear una comisión de investigación presidida por el portavoz de UPCM, Joan Triay, cuyas conclusiones fueron remitidas a la Fiscalía Anticorrupción.