El mayor macrojuicio por un delito de tráfico de drogas cometido en Menorca, entre los años 2011 y 2012, se saldó este lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma con un acuerdo de conformidad que rebaja la condena global de 146 años solicitada por el Ministerio Fiscal a los 26 acusados, a menos de la mitad.
La pena queda fijada en 60 años y seis meses, repartida entre 25 inculpados ya que uno de ellos, Jorge Armando Cortés Flor, fue declarado en rebeldía al no presentarse a la vista oral. Otros tres, Cristóbal Contreras Fernández, Miguel Capel Fernández y Rosa María Expósito Reina, intervinieron por videoconferencia desde Murcia. Todos se declararon culpables para pactar la rebaja del castigo solicitado por el Ministerio Fiscal que en la mayoría de los casos era de seis años de prisión.
Las condenas quedan en una horquilla que va de un año a 3 años y 3 meses de prisión. La mayoría de los condenados, casi todos pequeños narcotraficantes, juzgados eludirán el ingreso en prisión ya que sus abogados pedirán la suspensión de la ejecución de la sentencia debido al atenuante analógico de drogadicción cuando cometieron los delitos de los que se les acusaba.
Entre los 26 acusados, 19 hombres y 7 mujeres, figuran 7 menorquines, cuatro colombianos, un ecuatoriano, un dominicano y otros traficantes y distribuidores de Murcia, Cádiz, Barcelona, Elda y Cuba.
Pasillos en ebullición
Los pasillos de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma estuvieron en ebullición durante toda la mañana del lunes. A lo largo de casi cuatro horas se produjo la negociación entre la fiscal, Juliana Buencuerpo, y los 18 abogados de los acusados, entre ellos los tres letrados menorquines, Carlos Salgado, Josep Maria Cardona y José Luis Puig.
El cambio de ubicación del juicio motivó que los abogados de oficio de los acusados fueran todos de la isla mallorquina, y dispusieran de poco tiempo para preparar la defensa.
La intervención del mahonés Carlos Salgado, que representaba a cuatro inculpados, fue una de las claves de las conformidades puesto que uno de los pinchazos telefónicos de las fuerzas del orden a uno de sus clientes se había cometido sin justificación, lo que ya representaba un argumento por el que pedía la nulidad de la pena, junto al atenuante de drogadicción.
La fiscal había distribuido a los 26 acusados en ocho grupos, según su relación, por el tráfico de heroína en siete de ellos, y de cocaína en el restante. La conformidad debía llevarse a cabo por cada uno de los grupos, de ahí que sus integrantes tenían que declararse culpables para obtener la rebaja. Bastaba con que uno se negara para que la fiscal no aceptara la conformidad del resto del grupo y tuviera que celebrarse el juicio.
Finalmente hubo acuerdo general lo que permitió que los acusados entraran en la sala y aceptaran las penas pactadas que fueron leídas por los jueces Juan Jiménez, Ana Maria Cameselle y Diego Gómez Reino, este último presidente del tribunal.
Solo uno de los acusados, Daniel Porqueras Muñoz, acudió esposado al juicio ya que cumple condena por otra causa.
y los nombres que faltan en esta lista, a no ser que lo estén investigando, hay un monton de camellos sueltos por la isla y siguen.... como puede ser....?