Un delito contra la Hacienda Pública por defraudar 295.589 euros en el Impuesto de Sociedades de 2005 le ha supuesto a cuatro constructores de Maó la condena de un año de prisión a tres de ellos y un año y medio al cuarto, y al pago de una multa e indemnización, de forma conjunta, de 591.178 euros.
osé María Sánchez Martí, Jaime Luis Enrich Salord y Marcos Montiel Edmons sustituirán el año de condena por 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad, al igual que Francisco Julián López Delgado, quien se negó a pactar la conformidad, convencido de su inocencia, el pasado 10 de noviembre cuando el juicio fue aplazado por esta circunstancia para aportar nuevos documentos que lo exculparan, aunque finalmente ha resultado condenado. Los tres primeros han visto rebajada la pena por el atenuante de dilaciones indebidas y el de confesión de los hechos o colaboración. Dos de los acusados acudieron al juicio escoltados por agentes de la Policía ya que cumplían otra condena en prisión.
El Ministerio Fiscal retiró finalmente el delito de falsedad documental lo que permitió que se rebajara la petición de castigo que en el escrito de acusación se situaba en dos años de prisión para cada acusado y una multa de 1.477.000 euros, además de la indemnización por la cantidad defraudada. La multa se reduce a la suma defraudada, al igual que la indemnización, lo que asciende a 591.178 euros a satisfacer entre los cuatro acusados.
Sánchez Martí, administrador de la empresa Obras Menorca SL, declarada insolvente hace seis años, junto a los tres acusados, representantes de otras dos empresas subcontratadas por aquella y uno de ellos, como empresario individual autónomo, participaron en una trama de facturas para defraudar a Hacienda 295.589 euros en el Impuesto de Sociedades de 2005.
El administrador de Obras Menorca incluyó en su contabilidad y en los libros de registros de IVAseis facturas falseadas puesto que las empresas emisoras de las mismas no habían realizado la totalidad de los trabajos que en ellas se detallaban. Pretendía así aminorar la cuota a ingresar por parte de Obras Menorca a la Agencia Tributaria declarando un gasto irreal de 2,1 millones de euros.
La sentencia estima que en la abundante documentación aportada por la Inspección Tributaria, la entidad Obras Menorca SLno ha facilitado una relación exhaustiva de los trabajos subcontratados que dieron origen a las seis facturas «genéricas y poco precisas».
Los testigos aportados por las defensas de los acusados, indica el fallo, solo constataron que trabajaron para Obras Menorca. Por tanto la sentencia no discute las obras realizadas pero sí que las empresas subcontratadas, en base a sus medios materiales y humanos, no tenían capacidad suficiente para ejecutar esas tareas por los importes que aparecen en las facturas.