Bartomeu Mesquida, juez del Juzgado Penal ha dictado sentencia condenatoria contra S. Timoner Benejam, el abogado de Maó, por un delito de deslealtad profesional al haber engañado a dos de sus clientes a los que hizo creer que había ganado un pleito a la promotora Sa Roca SA, a la que habían adquirido una finca, que nunca llegó a poner.
El acusado admitió los hechos penales por lo que la sentencia se dictó por conformidad. Deberá cumplir un año de inhabilitación, multa de 1.440 euros, e indemnizar a sus clientes con 92.483 euros.
Fue en la responsabilidad civil para el pago de esta suma en la que no hubo conformidad en el juicio celebrado el 7 de marzo. La abogada de la aseguradora del Colegio Balear de Abogados, Caser Seguros, mostró su desacuerdo con el pago de los 30.000 euros, límite de la póliza contratada, al entender que no había habido daño moral ni material acreditado, explicó la letrada, Celia Pita.
El juez rechaza estos argumentos ya que «del ilícito penal llevado a cabo por el acusado se han generado unos evidentes y totalmente cuantificables daños patrimoniales en los dos hermanos perjudicados». Entiende Bartomeu Mesquida, que si el abogado hubiese demandado a la promotora Sa Roca SA por incumplir con la electrificación de la finca vendida a sus clientes, habría ganado el pleito ya que así lo especificaba la cláusula séptima del contrato de compra venta de Sa Vinya de Sa Roca.
Los hermanos se vieron perjudicados cuando la comunidad de propietarios de aquél lugar, constituida por el mismo abogado demandado, asumió la electrificación de las 27 casas tras la nueva ley urbanística de 1991.
Entendían que debía ser la promotora vendedora la que debía costear la obra que ascendía, según presupuestó años después un técnico electricista, a 73.126 euros más el IVA.
El abogado aseguraba a sus clientes que había ganado el pleito a la promotora cuando solo había interpuesto tres actos de conciliación infructuosos. Ante su insistencia les dio dos pagarés por la suma que ahora deberá indemnizarles, en 2012, sin fondos, y volvió a extenderlos meses después, de nuevo sin fondos. Además les pidió 4.000 euros en previsión de fondos e inicio de las obras que nunca comenzaron.
El abogado declaró tras el juicio que apelaría a la sentencia si era condenatoria pese a haber aceptado su responsabilidad penal.