G.G.B., el parricida de Son Blanc, se enfrentará a una condena de 31 años de prisión, como acusado de tres delitos cometidos en la madrugada del 26 de agosto de 2016 en el chalé familiar de Son Blanc, en Ciutadella. La fiscal del caso, Carmen Gotor, una vez concluida la fase de instrucción, ha completado recientemente el escrito de acusación en el que solicita 23 años de cárcel por el asesinato de su madre, Mayte Blanco Garrido, ocho años de prisión por el homicidio en grado de tentativa sobre su padre, y diez meses de multa por las heridas que le ocasionó a su hermano. En los tres casos, la fiscal considera el agravante de parentesco del acusado respecto a sus víctimas.
La familia se retiró de la acusación particular a la que se había adherido en un principio, y el padre renunció a emprender cualquier acción contra su hijo, de 27 años de edad. En cambio el acusado sí deberá abonar a su hermano 13.000 euros si es declarado culpable, por las lesiones y secuelas de las heridas que le ocasionó aquella fatídica noche.
El joven catalán, con un pasado de adicción a la marihuana desde los 13 años, admitió en su declaración ante el juez que había matado a su madre con un cuchillo de 17 cm de longitud asestándole 39 puñaladas porque ella le impedía quitarse la vida, como era su intención aquella noche. Posteriormente, también apuñaló a su padre, que acudió a la habitación donde tenía lugar la tragedia al escuchar los gritos de su esposa, y agredió a su hermano al intentar este reducirle. Al mismo tiempo él se infligió varias puñaladas decidido a matarse.
La pena que solicita la fiscal incluye una prohibición de aproximarse a su padre y a su hermano, a menos de 500 metros, durante 5 años.
Según el informe de la médico forense, el joven tenía un trastorno de personalidad, es decir un tipo de esquizofrenia, aunque había sido dado de alta tras un largo tratamiento. Sin embargo, según ese informe cuando cometió los delitos era consciente de lo que hacía.
Redactada la acusación, en las próximas semanas la Audiencia Provincial de Palma, donde se llevará a cabo el juicio con jurado popular, deberá señalar la fecha y elegir a los miembros de este tribunal.
El acusado permanece en prisión desde el 30 de agosto de 2016, por lo que parece complicado que el juicio pueda celebrarse ya antes de esa fecha que es cuando se cumplirá el plazo legal máximo de dos años de prisión preventiva. El juzgado deberá prorrogar ese estado hasta que se señale el día del juicio.