Tres años y medio de cárcel y una indemnización de 35.800 euros repartida entre los tres hermanos de la víctima, Daniel Castro Domínguez, es la condena que solicita el fiscal a J.J.B.C., de 32 años de edad, acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas en el accidente mortal de la madrugada del 22 de octubre de 2017 en el kilómetro 4,8 de la carretera de Maó a Fornells.
La investigación determinó que el conductor del Audi A6, que era propiedad del jefe de la víctima a quien se lo prestaba en exclusividad durante la temporada, tomó la curva a unos 120 kilómetros por hora por lo que el vehículo se salió de la calzada y quedó incrustado entre dos árboles a la derecha de la vía. Castro Domínguez, de 39 años, natural de Muxía (A Coruña) falleció en el acto mientras que el conductor fue trasladado al Hospital Mateu Orfila con traumatismo torácico, abdominal y varias fracturas de costillas.
El responsable directo del accidente declararía ante el juez del Juzgado 3 de Maó una vez fue dado de alta, que su compañero forcejeó con él en el vehículo lo que le obligó a dar el volantazo que dio paso al accidente. También dijo que solo había consumido un par de cervezas. El análisis determinó, sin embargo, que tenía 2,1 gramos de alcohol por litro en la sangre, es decir, algo más del cuádruple permitido. Los hermanos del difunto dijeron que había sido él quien se había empeñado en conducir el vehículo pese a que el fallecido había propuesto ir a Maó en taxi después de haber tomado ya varias copas en un bar de Son Parc.
El pasado martes debía celebrarse el juicio que finalmente tuvo que suspenderse ya que no funcionó el dispositivo para que el acusado, que se encuentra en Almendralejo, declarara por videoconferencia.
La compañía aseguradora se ha hecho cargo del pago de la indemnización a los tres hermanos de la víctima mortal, pero el acusado aún se enfrenta a la condena penal de tres años y medio de prisión, que pide el fiscal por los dos delitos, y a unos 3.000 euros que le reclama el propietario del vehículo que quedó siniestro total tras el accidente, dada que en función de las pruebas entiende que él fue el responsable del accidente.