Tres hombres, dos españoles y un dominicano, de 22, 39 y 43 años de edad, respectivamente, ingresaron el jueves por la noche en la cárcel de Menorca tras ser detenidos por la Policía Nacional bajo la acusación de corrupción de menores y tráfico de drogas en Maó. El cuarto arrestado, ecuatoriano de 35 años, quedó en libertad provisional tras declarar todos ellos el mismo jueves ante el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Maó.
Al menos una de las víctimas es una adolescente tutelada por el Servicio de Familia del Consell de Menorca por situación de riesgo, aunque no reside en el centro de menores, popularmente conocido como la Casa de la Infancia. Otras dos menores que sí viven en ese centro en el que ingresaron hace poco tiempo fueron las que informaron al personal sobre esta práctica habitual de otras adolescentes de entre 14 y 16 años, lo que activó el protocolo, explicó ayer de manera oficial la institución insular asegurando que ninguna de las víctimas objeto de la investigación vive en la instalación del Consell.
Sin embargo, otras fuentes de la investigación a las que ha tenido acceso este diario indican que entre las menores que se prostituían hay varias que sí estarían bajo el seguimiento del Consell. El mismo director del centro de menores ubicado en la Avinguda Josep Anselm Clavé, puso una denuncia en la Comisaría de Policía el 24 de enero en la que decía tener conocimiento por parte de trabajadoras del centro de varios hechos que consistirían en que algunas adolescentes residentes en la Casa de la Infancia están inmersas en actividades relacionadas con la prostitución que se practicaba en algunos rincones de parques de Maó, el skatepark y Es Freginal y en un piso del centro de la ciudad. El mismo director redactó un informe dirigido a sus superiores, antes de poner la denuncia, en el que les comunicaba esta circunstancia.
Una de las trabajadoras había remitido un correo interno días antes a una larga relación de destinatarios del Consell explicando los comentarios relacionados con la prostitucción de algunas residentes del centro, coincidiendo con la reciente aparición de los casos de explotación de menores denunciados en centros de Palma.
Otro indicio llegó por parte de los padres de una de las menores, que un día llegó a su casa ebria y drogada. Estos la llevaron al Hospital Mateu Orfila e informaron posteriormente al Consell.
La investigación de la Policía Nacional, en el marco de la operación «Kislani», con una primera parte el pasado noviembre y la detención de doce personas por tráfico de drogas, tres de ellas por abuso de menores, se inició en julio y se reactivó a finales de enero, como informó este diario el pasado fin de semana.
El Consell comunicó a la Comisaría de Policía y a la Fiscalía de Menores de Palma los indicios sobre la práctica de estos delitos en el skatepark de Maó y también en el de Es Freginal, en el que habría implicados varios hombres finalmente detenidos.
Dos de los arrestados, que negaron todos los hechos ante el juez, residen como okupas en una casa del centro de Maó, y otro más en una cueva del mismo skatepark. Los cuatro tienen antecedentes por presuntos delitos contra la salud pública y contra la libertad e indemnidad sexual de varias adolescentes a las que también utilizaban para la venta de droga.
En sus declaraciones en sede judicial admitieron conocer a las menores aunque negaron haber mantenido relaciones con ellas ni pagarles.
Los arrestados el pasado jueves, según habrían comentado las menores, abonaban los servicios a unos 80 euros por mantener relaciones sexuales o bien les suministraban diversas cantidades de droga, en principio, para su propio consumo.
Uno de los detenidos es el presunto sicario de la pareja de amantes detenido en enero
Uno de los cuatro detenidos por tráfico de drogas y corrupción de menores es el mismo hombre que ya había sido arrestado el pasado 30 de enero, acusado de ser el presunto sicario de una pareja de amantes para matar a su marido. Este hombre, nacido en la República Dominicana, de 43 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, negó entonces los hechos, admitiendo que había cobrado unos 200 euros para «darle un susto» al marido. Estaba en libertad provisional cuando volvió a ser detenido por la Policía este pasado jueves. Ahora permanece en prisión.