Antoni Camps Casasnovas, coordinador de Vox en Menorca, será juzgado el martes en la Audiencia, acusado de un delito de apropiación indebida por valor de 5.718 euros cuando era administrador de la comunidad de vecinos Tamarinda Privat-Plaza del faro, de Cala en Bosc.
El político ciutadellenc, convencido de su inocencia, se enfrenta a una condena de dos años y tres meses de prisión, que pide la Fiscalía. La pena, además, acarrearía su inhabilitación para presentarse a las elecciones que se celebren durante el mismo tiempo.
La causa sugiere la enemistad del entonces presidente de la comunidad de vecinos con Camps, tras haber sido ambos socios de una empresa de mantenimiento, Casas y Jardines a punto SL, junto a dos socios más, que a su vez prestaba sus servicios a la comunidad de Cala en Bosc, y finalmente quebró. El fiscal concluye que Camps recibía del presidente de la comunidad talones en blanco de la cuenta corriente de la asociación de vecinos y luego añadía su firma y los rellenaba. Así hizo constar en uno de ellos la cantidad de 7.500 euros al portador, el 4 de julio de 2017, y retiró la suma en el banco. Cuatro meses después hizo lo propio con la suma de 1.968 euros que también retiró, presuntamente apropiándose de ambas, de las que ha devuelto 3.750 euros junto a otro de los socios de su empresa de mantenimiento. La condena solicitada incluye una multa de nueve meses a razón de 10 euros diarios, y el pago de los 5.718 euros restantes a la comunidad.
Camps explicó este viernes que el Juzgado que instruyó la causa en Ciutadella decidió su archivo, pero su exsocio, cuando ya había sido relevado del cargo de presidente de la comunidad de Cala en Bosc, recurrió ante la Audiencia lo que ha derivado en el juicio que se celebra el martes.
«Es ilógica e improcedente»
«Si hubiera apropiación indebida, sería de parte del denunciante, la demanda es ilógica e improcedente», sostiene el político de Vox, quien no aceptará otro acuerdo que no sea la absolución. Explica que el cheque de 1.978 euros fue para pagar servicios de la comunidad a la empresa de mantenimiento de la que ambos eran socios, como consta el ingreso en cuenta. En cuanto al cheque de 7.500, fue un anticipo de la comunidad de vecinos para la empresa de mantenimiento, «que entraba en la colaboración de ambas entidades», explica Camps, de las que ambos formaban parte.
Añade que ese último cheque, además, ingresado en la cuenta de Casas y Jardines a punto SL, sirvió para pagar facturas de material de construcción adquirido para otra empresa familiar del demandante porque esta no tenía crédito. «Habiéndose beneficiado doblemente de este anticipo, como socio de Casas y Jardines y de la otra empresa familiar, no solotiene la desfachatez de no haber devuelto su parte de esos 7.500 euros, sino que me denuncia cuando yo sí reingresé mi parte a la comunidad», como hizo otro de los cuatro socios.