«Surrealista». Con este término puede calificarse el caso de la okupación de un chalet de Cala Morell, donde los invasores no solo se permitieron estabular un caballo en el garaje hace unos meses, sino que además, ahora han instalado un sistema de alarma en el inmueble ajeno.
Esta situación se está viviendo en una parcela del Carrer Àguila de la urbanización del norte de Ciutadella. Es allí donde, hace por lo menos medio año, se instalaron cuatro personas que habían detectado que la vivienda estaba vacía, al ser su propietario un ciudadano italiano que lleva varios años sin poder visitar la Isla.
Esta circunstancia la aprovecharon los okupas para fijar allí su residencia. «Al principio eran cuatro, luego fueron tres, dos, y ahora solo hay una mujer», apuntan personas conocedoras de este caso de okupación que, además, «ha generado situaciones incómodas, gritos y discusiones entre ellos, ruidos y actitudes poco cívicas», como depositar restos de poda en la vía pública sin recurrir a los servicios municipales. Incluso, las peleas entre los ocupantes ha requerido de presencia policial.
Condenados a pagar solo 360 euros
Todo esto ha llevado al propietario a iniciar el proceso judicial para lograr el desalojo. Y lo ha conseguido en primera instancia, por la vía penal, donde el juez ha ordenado que abandonen la casa y el pago de una indemnización de «solo 360 euros, más las costas procesales, por un delito de usurpación». Un fallo que los okupas han recurrido y «estamos a la espera de que la Audiencia decida», explicaba ayer el abogado de la parte demandante, José de Juan.
Mientras los tribunales analizan y deciden acerca de la apelación, hace apenas unos días, «lo último que hemos sabido es que, no solo han tomado posesión de la vivienda, sino que además han instalado seguridad privada», añadía De Juan.
Otra demanda por los daños en la casa
Esto ha ocurrido en el impasse entre la sentencia y su ejecución. «En este país hay un vacío legal» durante este periodo y «luego te encuentras la vivienda en mal estado y te ves obligado a interponer otra demanda por los daños». Porque, en la vista celebrada «solicitamos el desalojo y el resarcimiento, pero no habíamos podido cuantificar los daños», concluía el abogado.
«Te sientes defraudado cuando ves que las instituciones no hacen lo que esperas de ellas», exponen otros propietarios. Se refieren, no solo a la impotencia ante la okupación, sino a las negativas que se obtienen una vez se denuncian los hechos. «Llamas a la Policía Nacional porque se están peleando, vienen y se van sin llevarse a ninguno de ellos aún habiendo amenazas de muerte». O «avisas a la Policía Local porque tienen la calle llena de restos de poda, y te dicen que avisarán al servicio de recogida». O al «Seprona, les adviertes de que tienen un caballo en un garaje, te dicen que no va con ellos y ni vienen el día que se llevan el animal para comprobar su estado».
El apunte
«Las empresas de seguridad no piden la escritura, solo cobran»
Instalar la seguridad privada «no es legal, porque los okupas no tienen ningún título» que acredite su titularidad sobre la vivienda. Sin embargo, «las empresas no piden la escritura, solo interesa cobrar» las cuotas del servicio, lamenta el abogado del demandante, José de Juan. «El juez nos ha dado la razón, pero han apelado y, mientras, continuarán viviendo allí, permitiéndose el lujo de instalar una alarma» en casa ajena, añade el letrado.
«Es el colmo de los colmos»
En esta misma línea, vecinos de la urbanización confiesan que esta situación ha causado estupor en la comunidad. «Es el colmo de los colmos», dicen indignados. «Esta gente, no solo no paga agua, ni luz, porque la sigue pagando el propietario porque así se lo han recomendado, sino que además la empresa de seguridad no se asegura de nada».
Todo esto ha sorprendido al afectado. «El propietario alucina con el procedimiento, nos cuenta que en Italia una okupación se soluciona en horas», mientras que en España hacen falta meses de batalla judicial para recuperar lo que es de uno.