Los okupas que durante el mes de diciembre se habían instalado en un edificio municipal situado en el número 45 de la calle Sant Josep, de Maó, dispusieron de un plazo de diez días para abandonar el inmueble después de que trabajadores del propio Ayuntamiento hubieran detectado que se habían forzado sus accesos. Esta sospecha fue confirmada por varios vecinos de la zona quienes alertaron de la presencia de este grupo formado por unas cinco personas, cuatro hombres y una mujer.
La Policía Local y una trabajadora social del propio Consistorio, que es el propietario del inmueble, acudieron a comprobar que este había sido ocupado de forma ilegal y pudieron constatar que la información era cierta. Se da la circunstancia de que los okupas que encontraron son usuarios de los Servicios Sociales del Ayuntamiento por lo que eran conocidos tanto por la trabajadora social como por los policías locales que fueron en su búsqueda el pasado 22 de diciembre.
Para fiestas y pasar la noche
Por esta misma circunstancia les indicaron que disponían de un plazo máximo de diez días para salir del edificio. Así lo hicieron varios días después tras una nueva visita de los agentes y la trabajadora social el día 1 de enero. Los okupas, al parecer, disponían de alternativas habitacionales y usaban este edificio de la calle Sant Josep, preferentemente para realizar reuniones festivas por las noches y dormir en el inmueble. No fue necesaria una orden judicial para el desalojo ni tampoco recibieron ninguna denuncia por la ocupación ilegal.
Posteriormente, esta misma semana empleados del Ayuntamiento han procedido a asegurar los diferentes accesos del inmueble para evitar que cualquier otra persona pueda entrar sin autorización.
El inmueble, utilizado como almacén
La casa, que antiguamente era un centro de formación ocupacional y antes un centro de planificación familiar, dependientes del Ayuntamiento, se utiliza actualmente como almacén de material de los Servicios Sociales y también de la brigada de edificios. Su estado es precario aunque no implica peligro de derrumbe después de que desde 2018 abandonara su anterior uso debido a que el arquitecto municipal realizó un informe advirtiendo del deterioro de su estructura que desaconsejaba la continua entrada y salida de personas que acudían al centro ocupacional.
El Primer delito que realiza el ocupa, es el de estafa, por que estafa, pues por que lo primero que hace es consumir un bien privado y se lucra de un veneficio que tiene un coste, se imagina que alguien va a comer y luego no paga, pues eso también es estafa.- Lo que no soy capaz de saber es por que los jueces no conocen ese delito de estafa y por que no lo sancionan automáticamente. se imaginan que alguien va a comer y no paga, eso es delito de estafa pero, se imaginan al juez obligando al establecimiento a seguir dando de comer a la persona que no paga hasta que se canse y se balla