El juicio por la demanda de desahucio a una familia residente en una vivienda del Fondo Social de Viviendas del BBVA, en la calle Vila Juaneda, de Ciutadella, quedó ayer visto para sentencia sin que ninguna de las partes modificara sus conclusiones finales.
La entidad bancaria sostuvo que los inquilinos que viven en el piso desde 2018 no habían enviado la documentación exigida en el plazo requerido para solicitar la prórroga del contrato.
El abogado de la familia, José de Juan López, alegó que no habían recibido el burofax donde se les instaba a remitir esta documentación explicando que podían haberse dado muchos motivos para que no se produjera la receptación.
La abogada del banco mostró el justificante del envío del burofax, aunque la defensa arguyó que nadie podía tener la certeza de que ese justificante se refería al requerimiento que ha acabado provocando la demanda de desahucio para que los padres y sus dos hijos menores de edad abandonen la vivienda. El contrato expiró en octubre.
De Juan López insistió en que las cuotas habían estado siempre al corriente de pago y que, en todo caso, la discrepancia se debía a una interpretación del contrato. Por eso propuso a la representante de la entidad bancaria alcanzar algún tipo de acuerdo para evitar el desahucio prolongando el documento contractual, sin que su propuesta llegara a considerarse.