Desde el 24 de enero, fecha en la que arrancó la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, en Menorca ya se han suspendido 41 juicios entre los Juzgados de Instrucción y el Penal, los cuatro ubicados en Maó ya que los dos de Ciutadella no consta que la secunden. En esas tres semanas al menos un juzgado paraliza a diario su actividad porque su letrada se suma al paro nacional indefinido convocado por las tres asociaciones del gremio para intentar resolver el desacuerdo con el Ministerio de Justicia.
La suspensión de los juicios, que no afecta al juzgado de Violencia de Género, siempre incluido en los servicios mínimos, es la punta del iceberg de una huelga que posterga desahucios, admisión de demandas, subastas electrónicas, mandamientos de pago, otorgamiento de poderes apud acta o tramitación de resoluciones procesales.
Es la consecuencia de la posición firme adoptada por este cuerpo de profesionales para forzar al Secretario de Estado y a la ministra, Pilar Llop, a cumplir con el acuerdo de 2009, entonces no ejecutado por la crisis. Los LAJ, explican Sonsoles Rosales, Sonia Pallejá y Sonia Carretero, las letradas de los tres juzgados mixtos de Maó, exigen la cláusula de enganche que equipare su sueldo al 85 por ciento del que reciben los jueces de su misma antigüedad, y que se adecue el complemento de los grupos de ciudades puesto que son los únicos funcionarios de justicia a los que todavía no se les ha hecho. Hoy está prevista una reunión del comité de huelga con la ministra y el Secretario de Estado, Tontxu Rodríguez.
No se observa una solución inmediata toda vez que Pilar Llop respondió ayer en el Congreso relacionando una serie de mejoras retributivas a este colectivo en esta legislatura, entre otras, un incremento de 206 euros al mes por nómina, lo que supone un aumento de un 5,26 por ciento de su salario anual con efectos retroactivos al 1 de enero de 2021.
No afecta a casos de violencia de género
En Menorca, pese a que el funcionamiento de los juzgados «es bueno», indican las tres letradas, «no estamos acostumbrados a este contratiempo», del que queda eximido el de Violencia de Género. «Los servicios mínimos son amplios y ningún tipo de procedimiento de VG se ha visto afectado por la huelga», señala Sonia Pallejá, letrada del Juzgado 2.
Desde 2009 y en 2015 además, con la ley de jurisdicción voluntaria, son los letrados quienes celebran las vistas, también las conciliaciones y ejercen la figura del defensor judicial... «hemos asumido muchas funciones y eso es lo que reivindicamos», explica Sonia Carretero, del Juzgado 1 y estos días también suplente del Penal ya que la titular esta de baja aunque también secunda la huelga. Las letradas realizan un esfuerzo, aseguran, por su condición vocacional de funcionarias públicas, y tratar de evitar incomodidades a los ciudadanos. Se atienden las llamadas aunque, dado su derecho constitucional a la huelga, normalmente no se avisa de las suspensiones de los actos procesales lo que puede causar un perjuicio añadido a los afectados por la pérdida de tiempo.
Necesarios para las elecciones
Alcanzar un acuerdo cuanto antes se antoja urgente, «porque no queremos seguir en este paro», admite Pallejá. En todo caso, es preciso recordar que los letrados de la Administración de Justicia son los garantes de las elecciones, «si no estamos no se pueden hacer», indican las letradas de los juzgados de Maó. Una de ellas ha de ser la secretaria de la junta electoral de la zona que se constituye 60 días antes de los comicios previstos para mayo.
Para que el ciudadano entienda el peso de su presencia en la maquinaria judicial, el letrado de la Administración de Justicia es el director técnico procesal y garante de la fe pública. Dirige a los ocho funcionarios de cada juzgado y si se ausenta la oficina judicial queda paralizada. De esta figura dependen todas las garantías procesales para no generar indefensión a ninguna de las partes.
El apunte
«Hasta fin de año es probable que no nos pongamos al día»
No solo se trata de las suspensiones que está provocando el paro sino de las demandas que entran y no se registran. Estas demorarán meses hasta que puedan señalarse porque primero deberán celebrase las que se están aplazando ahora, explica Sonsoles Rosales, letrada del Juzgado 3 de Maó. «Hasta que nos pongamos al día de todo, es probable que nos vayamos a final de año», indica.
Se están interrumpiendo procesos de desahucios, divorcios y, por supuesto, juicios. Ayer se suspendieron todos los programados en el Penal, a excepción del que contemplaba un caso de maltrato. «No habrá colapso por la huelga en Menorca», coinciden las tres letradas de la Administración de Justicia en Maó, pero sí se ve afectado «el retraso desde que una demanda se registra en el decanato hasta que llega a un Juzgado, se tramita su admisión y se dictan todas las resoluciones procesales para celebrar el juicio.