El acusado de ofrecer droga y abusar sexualmente de una menor de 12 años en Maó, con la que contactó a través de redes sociales, ha argumentado que usurparon su identidad en internet aunque ha reconocido que quedó en dos ocasiones con la víctima «por pena».
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears ha celebrado este martes el juicio contra el varón, de 26 años de edad, para quien Fiscalía pide penas que suman hasta 23 años de cárcel. Además, una acusación particular también le imputa.
A preguntas de la fiscal, el individuo ha contado que empezó a contactar con la menor después de que ésta le agregara por Facebook. A partir de ese momento fueron «cogiendo confianza», hasta tal punto, según ha declarado ante el tribunal, que ella le contaba sus problemas con su madre, «que le pegaba».
Además, ha asegurado que «siempre dijo que tenía 16 años», tras ser preguntado sobre si era consciente de la edad de la menor.
Una difícil situación familiar
Con todo, pese a reconocer que quedó con ella físicamente hasta dos veces, cuando se le han mostrado imágenes de conversaciones de contenido sexual mantenidas con la víctima, el procesado ha negado su autoría, a pesar de que ha admitido que el número y la foto de perfil son suyos, y ha dicho que usurparon su identidad.
De hecho, según ha añadido, llegó a denunciar que alguien publicó su número de teléfono que una página para adultos y estuvo tiempo recibiendo llamadas.
Asimismo, respecto a las quedadas, ha afirmado que quedó con ella «por pena, por ayudarla y apoyarla». «Me dijo que tenía problemas con su madre, que le pegaba», ha continuado el procesado, quien ha insistido en que nunca llegó a besarla, a mantener relaciones con ella o a solicitarle fotos de contenido sexual.
Por último, sobre si alguna vez ofreció cannabis a la menor, ha negado este hecho. «Yo le decía que dejara de fumar», ha reiterado.
Juzgados siete años después
Según el escrito del fiscal, los hechos se remontan a noviembre de 2016, cuando el procesado contactó a través de una red social con la menor, sin conocerla de antes.
Durante varios meses, el acusado, ya sabiendo la edad de la niña, intercambió con ella varios mensajes de alto contenido sexual, preguntando por sus gustos y prácticas sexuales, a la vez que le contaba los suyos y le proponía encuentros para llevarlos a cabo, presuntamente.
En estas conversaciones, la fiscal sostiene que el individuo insistía a la menor en muchas ocasiones para quedar a solas y en lugares alejados para realizar las prácticas sexuales, a la vez que le pedía fotos íntimas. La chica se negaba a estos encuentros y propuestas.
Pese a esta negativa, conocedor de que la chica fumaba cannabis, ya que esta le había preguntado en alguna ocasión si él tenía, el varón aprovechó para invitarle a porros y llevarle una bolsa de 100 euros de marihuana a cambio de relaciones sexuales.
La droga para alterar la voluntad
En junio de 2017, cuando la menor tenía 13 años, quedaron hasta en tres ocasiones, según el Ministerio Público. La primera vez fueron a un parque y el hombre aprovechó para intentar besarla, a la vez que trató de realizarle tocamientos, pero la chica se lo impidió.
En la segunda ocasión, el acusado la llevó en moto a un lugar alejado, le dio un porro y, aprovechando que tenía sus facultades disminuidas, abusó sexualmente de ella. Finalmente, en el tercer encuentro, la chica apareció con su hermana y una amiga para evitar que tales sucesos ocurrieran de nuevo.
La fiscal considera los hechos constitutivos de dos delitos de abuso sexual a menores, un delito de contacto con menor a través de internet con fines sexuales, otro delito de corrupción de menores y uno de tráfico de drogas.
Por el primer delito, Fiscalía solicita para el hombre la pena de 11 años de prisión, ocho años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse o comunicarse con ella por un tiempo de 15 años.
Por el segundo delito de abuso sexual, pide tres años de cárcel, siete años de libertad vigilada y orden de alejamiento respecto de la menor por un tiempo de seis años.
Por contactar con la niña a través de las redes con fines sexuales, el fiscal propone dos años de cárcel, tres de libertad vigilada y otros tres de orden de alejamiento.
Corrupción de menores
Asimismo, por el de corrupción de menores solicita tres años de cárcel, siete de libertad vigilada y la prohibición de acercarse o comunicarse con ella durante seis años, mientras que por el último delito pide cuatro años de prisión.
Además, el acusado deberá indemnizar a la víctima en la cantidad de 18.000 euros por los daños morales causados, a propuesta del Ministerio Público.