Deberá indemnizar con casi 2.000 euros al que era director de la residencia militar de Maó, a su esposa y a otras dos usuarias del centro residencial ubicado en la plaza Esplanada, por haberles robado varias joyas que han sido valoradas en la cantidad que ahora debe satisfacer.
La mujer, de nacionalidad española, que trabajaba como limpiadora en la residencia, aceptó este martes el acuerdo de conformidad alcanzado por su abogado y el fiscal por el que la condena de prisión se redujo de 18 a 4 meses, que no cumplirá al carecer de antecedentes penales y ser la condena inferior a los dos años de cárcel, siempre que no vuelva a delinquir en el plazo de dos años.
En el acuerdo jugaron un papel determinante como atenuante muy cualificada las dilaciones indebidas en este caso puesto que los hechos transcurrieron entre septiembre de 2016 y mayo de 2017, y se juzgaron ayer, es decir, siete años más tarde. Por contra, se incluyó la agravante de abuso de confianza por la libertad de movimientos que tenía la mujer en su puesto de trabajo.
El peritaje de las alhajas sustraídas se demoró por la falta de peritos especialistas en este material, en Menorca.
La mujer, además de asumir las costas del juicio, deberá abonar antes de final de año 390 euros, y posteriormente, entre los meses de enero y marzo, 500 euros mensuales para saldar la deuda por el delito de hurto continuado.