Un empresario de Ciutadella aceptó este martes la condena de tres meses de prisión que fue sustituida por una multa de 1.780 euros, como responsable de los delitos de falsedad de documento privado y estafa procesal para evitar el embargo de una finca de su propiedad que ya había sido adjudicada en subasta a otra empresa de Ciutadella.
El hombre era el administrador único de dos empresas con las que simuló un contrato de arrendamiento entre ellas para evitar una ejecución hipotecaria en perjuicio de los derechos económicos de la mejor postora. Los hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2017 y, pese a las maniobras realizadas, el hombre no llegó a paralizar la adjudicación de la finca embargada.
El tribunal de la sección segunda de la Audiencia dictó la sentencia por conformidad que evitó el desarrollo del juicio. El acusado reconoció los hechos, lo que sumado a las dilaciones indebidas permitieron la rebaja de la condena inicial, que era de diez meses de prisión.
El fiscal retiró además la petición de la multa asociada de 600.000 euros a cada una de sus empresas, de las que era administrador único. La acusación personal no implicaba a las sociedades utilizadas en los delitos.