Antonia Camps, alcaldesa de Es Migjorn, se muestra firme en torno al resultado de los radares instalados en el municipio a finales de junio, que suponen una media de 22 multas diarias en los últimos seis meses ya que desde el 8 de agosto se han registrado 4.677 sanciones.
Las protestas de vecinos y residentes de temporada no alteran la posición del Consistorio que destaca la pacificación del tráfico en el pueblo y en Sant Tomàs gracias a la ubicación de los cinemómetros, más efectivos que las bandas rugosas, como plantean otras personas, indica Camps.
«Ahora puede haber protestas pero hay un código de circulación que todos debemos cumplir, a mi también me ha multado el radar de Es Mercadal, por ejemplo, y a mis familiares en Es Migjorn», razona la primera edil.
Recuerda que la cuestión de poner estos dispositivos ya comenzó a plantearse durante el mandato de Pere Moll, «y nosotros la tiramos adelante porque nos llegaban quejas de vecinos por la falta de seguridad». Añade que uno de ellos, incluso, le han pedido un radar más frente a Binicudrellet, y concluye por tanto, que «están justificados», aunque otro «nos dijo que era un desastre, pero es por el bien de todos»
En Sant Tomàs ocurre algo similar con vehículos y camiones que circulaban a 60 y 70 kilómetros por hora con el consiguiente peligro para las personas, «y ahora se ha pacificado por los radares, ya que solo pueden ir a 30», indica
La alcaldesa comprende que, con la recepción masiva de las sanciones haya quejas, «tocar el bolsillo duele pero hay que ser conscientes de las normas, hay radares y debemos respetar la velocidad como pasa en otros municipios y en la carretera general».
Cuándo prescriben las multas
La acumulación de multas que ahora notifica la empresa contratada, Grupo CGi, ha sido consecuencia de dos problemas que hubo durante el proceso, «pero doy gracias a este grupo y a Silme por su esfuerzo para solucionarlo». En todo caso, señala, «la administración tiene seis meses para comunicar una infracción». La ley indica que si esta es leve prescribe a los tres meses si no ha sido notificada, y a los seis si es grave o muy grave, «es así, y si el ciudadano cree que debe recurrir porque le ha llegado fuera de plazo, que lo haga».
Los recursos se dirigen al Ayuntamiento y este los redirecciona a la empresa que los notifica. Lo importante, suscribe Antonia Camps, es que «a partir de ahora, cuando la gente ha recibido estas multas, tome conciencia y se ajuste a la velocidad a la que pueda circular en el municipio».
Nueva cartelería informativa
La empresa concesionaria de los radares de Es Migjorn, Alumbrados Viarios SA , incrementará la señalización de estos dispositivos para mejorar la información a los ciudadanos, informó ayer el Ayuntamiento.
De esta forma, a partir de la decisión tomada hace dos semanas, habrá más carteles que advertirán de la existencia de los radares y señales luminosas en las vías de entrada al pueblo con el mismo fin. Además, se reubicará uno de los cinemómetros a la rotonda de entrada al pueblo desde la carretera de Es Mercadal, en la misma Avinguda de la Mar, donde ya existen otros dos. La velocidad máxima en esta vía son 40 km/h y de 30 en la de Binicudrell donde hay otro dispositivo.
El apunte
El PSOE dice que hubo precipitación y plantea cambios
La oposición al equipo de gobierno de Es Migjorn considera que hubo precipitación en la puesta en marcha de los radares, aunque valora que supongan una mejora para la seguridad vial del municipio y no es contraria a su instalación. «El proceso fue el correcto, los vecinos recibieron la información», señala la portavoz del PSOE, Pilar Pons, pero antes de que empezaran a multar desde el primer día «se tenía que haber dedicado un periodo transitorio para concienciar a la gente como por ejemplo se ha hecho en Maó».
Tras una reunión «cordial» mantenida ayer mismo con la alcaldesa, la representante socialista precisa que se deberían mejorar varios aspectos porque el Ayuntamiento no estaba preparado para gestionar las multas, «pensaban que serían muchísimas menos y debían haberlo previsto antes». Los socialistas cuestionan la gestión de las multas a cargo de una empresa externa y estiman que deberían hacerlo los trabajadores públicos, por eso «la gestión ha resultado deficiente, no es de recibo que los ciudadanos reciban en febrero multas de agosto».
Del mismo modo instan al equipo de gobierno a que el Grupo CGi informe correctamente sobre el proceso de alegaciones de las multas y la jurisdicción que aplica. En cuanto a la recaudación del 40 por ciento de las sanciones para el Ayuntamiento y del 60 para la concesionaria, el PSOE estima que debería recaer toda en el municipio para que se reinvierta en servicios, y que los incentivos tras los radares sean solo los de mejorar la seguridad. El contrato, no obstante, está vigente en estos términos durante cuatro años.
Para mejorar el sistema, el PSOE ya solicitó meses atrás una señalización más vistosa, con carteles luminosos, como ahora hará la empresa concesionaria. También plantea el cambio de ubicación de uno de los radares, el de la salida hacia Sant Tomàs, «que tendría más sentido en la Avinguda de la Mar entre el extremo sur y la rotonda porque es una zona muy transitada», explica Pilar Pons.