Empleados de la empresa Fuera Okupas desalojaron ayer al inquilino de una vivienda en la calle s’Arraval, de Maó, que había dejado de pagar la primera mensualidad -750 euros- y observado un comportamiento desajustado al contrato desde que se le entregaron las llaves el pasado 17 de febrero. En ese tiempo había obstaculizado la entrada de un perito para que valorara una reparación necesaria y asegurado que varios electrodomésticos no funcionaban, por lo que la dueña tuvo que reponerlos, además de incurrir en la morosidad a las primeras de cambio, en los cinco primeros días de marzo, sin que lo justificara
La dueña del inmueble decidió intervenir y contratar a una empresa especializada en desocupaciones. Lo hizo para cortar de raíz y suspender la relación contractual por impago, como contempla el documento que había gestionado de acuerdo con una inmobiliaria de Maó, intermediaria en la operación, sumado a la actitud que ya estimó sospechosa del inquilino desde que se inició el periodo de alquiler.
Hace una semana la empresa especializada en desalojos, con sede en Valencia, desplazó a dos de sus empleados a Maó, se presentó en la puerta de la casa e informó al arrendatario, español de 44 años, trabajador en el sector de fontanería, que tenía que dejar la casa por impago pese a su primera reacción contraria que generó cierta tensión. Acordaron un plazo de siete para que lo hiciera y ayer los empleados regresaron al domicilio para que el inquilino moroso entregara las llaves y saliera de la vivienda, como así hizo sin oponer más resistencia.
Incumplimiento del contrato
«Siempre actuamos con la persuasión; él tenía un contrato y lo había incumplido, por lo que le hicimos ver, desde la puerta, que tenía más a perder, y hemos logrado que saliera», explica el responsable de la empresa de desalojo de okupas.
Para resolver la situación y recuperar su casa la mujer ha tenido que pagar 3.000 euros a Fuera Okupas, además de los 950 que abonó a la inmobiliaria que intermedió en el alquiler. Ha repuesto varios electrodomésticos, aunque tiene claro que el inquilino «lo que ha hecho ha sido venderlos porque no los he recuperado y estoy segura de que funcionaban». Ha ingresado los dos meses de fianza más el de depósito, pero el saldo negativo del alquiler por los gastos ocasionados suma 2.600 euros, explica.
Tras recuperar el inmueble, que era un local comercial con vivienda reconvertido exclusivamente en vivienda, la propietaria desiste de volver a alquilarlo, «he quedado tan afectada que no pienso volver a hacerlo». Ayer mismo, tras recuperar la casa, instaló una alarma.
baixamanerTú, com sempre, pixant fora des test. Aquest problema no l'ha generat el PP, sino es teus amiguets de ultra esquerra. Tots feis igual, provocau un incendi i culpau als damés, quina escòria....