El propietario de un piso en el mismo centro histórico de Maó vive una situación de indefensión a la que no encuentra salida. La inquiokupa a la que rentó la vivienda hace cinco años dejó de pagar la mensualidad definitivamente el pasado mes de noviembre, tras haberlo hecho con prolongadas intermitencias en un largo periodo anterior en función de su situación laboral. En total, la deuda acumulada por los impagos está en torno a los 12.000 euros.
Al dueño de la vivienda, tras mostrarse comprensivo con su arrendataria a la que permitió el incumplimiento del contrato durante ese periodo, no le quedó otra alternativa que recurrir a la justicia. Interpuso la demanda de desahucio, fundamentalmente, porque además de no percibir el alquiler pactado, ha tenido que hacerse cargo de algunas de las elevadas facturas de electricidad y agua, a riesgo de que fuera incluido en la lista de morosos de las compañías, ya que los contratos permanecen a su nombre. Por el mismo motivo, cualquier avería que se ha producido durante la estancia de la mujer en la casa, también la ha tenido que asumir su dueño.
A principios de mayo del año pasado se celebró el juicio, después de un largo proceso de dos años, que derivó en la sentencia favorable para que recuperara la posesión del piso situado justo encima de su propia casa. Sin embargo, la mujer, con una hija menor de edad a su cargo, cuenta con el informe certificado de vulnerabilidad de los servicios sociales del Ayuntamiento lo que, con la ley en la mano, no permite que la sentencia se ejecute siempre que la inquilina no disponga de una alternativa habitacional que debería proporcionarle la administración, en todo caso, o mejoren sus ingresos.
La mujer recibe apoyo de los servicios sociales del Consistorio y de otras organizaciones no gubernamentales con arraigo en la Isla, que también se han hecho cargo del pago de algunos recibos industriales, pero en la práctica es un particular quien le está proporcionando una vivienda sin recibir ninguna contraprestación a cambio. Al contrario, le cuesta dinero.
El caso lo ha revelado esta misma semana la periodista mahonesa Susana Quadrado, redactora jefa de «La Vanguardia», en la tertulia en la que participa en la emisora catalana RAC1. Es un familiar directo el que soporta esta larga indefensión manifiesta una vez agotada la vía legal sin que se cumpla el fallo del juez por la vulnerabilidad de la mujer.
La familia, además, ha podido constatar, y así se lo ha hecho saber al Ayuntamiento de Maó, que la mujer que ocupa el piso realquila una habitación, a pesar de que el contrato le impide hacerlo, aunque no dispone de pruebas para demostrarlo ante la Administración. De tenerlas, la mujer podría perder la certificación de vulnerable lo que permitiría ejecutar el desahucio, pero obtenerlas es complicado en este tipo de situaciones que en muchas ocasiones solo se resuelven con el trabajo de un detective privado.
De cara a la propiedad de la vivienda, ya no se trata solo de que la inquiokupa haya dejado de pagar la renta al propietario y que este tenga que asumir parte de los recibos de los consumos de luz y agua, sino que se está lucrando a costa de él obteniendo este ingreso extraordinario.
Le consta a la familia que la mujer, además, ha sustraído durante su estancia en la casa numerosos enseres de la vivienda que ha vendido a terceros para disponer de cierto capital. «No es un problema judicial, el juez no tiene la culpa, es una cuestión legal porque la ley impide el desahucio en este tipo de situaciones», precisa el abogado que defiende al propietario.
A esto se le llama estafa y el juzgado debe proceder como tal