La retirada del delito de amenazas y el acuerdo entre la fiscal y su abogado permitieron ayer la rebaja de la condena a un hombre español, de 50 años de edad, que pagará 1.140 euros entre la multa y la indemnización al empleado de una inmobiliaria de Maó.
El acusado se había tomado la justicia por su mano con ese trabajador, en abril de 2023, reclamando la devolución del talón que había entregado para la compra de una vivienda, operación que se frustró por el retraso en la firma del vendedor.
Ese pacto, que fue aceptado por el procesado, con ciertos reparos iniciales en declaración telefónica ya que se encontraba en Cuenca mientras se celebraba el juicio en Maó, dejó el castigo en una multa de 540 euros por el delito de realización arbitraria del propio derecho. Además fue condenado a un año y nueve meses de prisión por el de robo con fuerza a un empleado de esa inmobiliaria que había intermediado en la compra de una vivienda, finalmente abortada.
Dos semanas después de entregar el talón de 17.770 euros en el contrato de arras, el retraso de la firma a cargo del vendedor hizo que el inculpado tuviera problemas en la tramitación de su hipoteca.
Por este motivo acudió a la inmobiliaria con amenazas y exigió la devolución del cheque y una compensación por los perjuicios ocasionados. Obligó entonces al empleado que le atendió a acudir con él a un cajero de la Costa Deià, del que sacó 600 euros y se los entregó. Posteriormente ambos regresaron a la oficina y consiguió que le devolvieran el cheque del contrato de arras.
El acusado evita la entrada en prisión porque su abogado solicitó que se suspendiera, condicionado al pago de la multa y la responsabilidad civil y a que no vuelva a delinquir en el plazo de dos años.
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