Le habían ocupado la casa, un chalé ubicado en la calle Ses Roques, de Cala en Bosc, en la que residían desde junio de 2022, hasta que el propietario acordó suscribir un contrato a este núcleo familiar que le había usurpado la vivienda para legalizar el uso del inmueble a cambio del pago mensual de 700 euros, el 31 de agosto de 2023.
El acuerdo muy pronto originó desavenencias entre ambas partes, puesto que, al parecer, esgrimió el titular de la casa, había un acuerdo por parte de los inquilinos, una madre, dos hijos y un nieto, todos de origen sudamericano, para abandonar el chalé a corto plazo. Transcurridos dos meses, el 4 de octubre de ese año al mediodía, el dueño de la vivienda, aprovechando un momento en que los inquilinos estaban fuera, se desplazó hasta ella y cambió la cerradura de las puertas que permiten acceder al chalé contratando los servicios de un cerrajero.
Los inquilinos habían pagado la renta de septiembre a mitad de mes, e hicieron lo mismo con la de octubre, por lo que demandaron al propietario por un delito de coacciones al impedirles la entrada. A resultas de la demanda y de la situación en la que quedaba la familia la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Ciutadella ordenó la devolución de las llaves a la familia que, de esta forma, pudo recuperar la posesión de la vivienda en la que se mantiene desde la interposición de la denuncia gracias a la existencia del contrato firmado en agosto de 2023.
El proceso siguió su curso y fue juzgado a finales del pasado mes de junio. El dueño de la casa aceptó los hechos por los que fue denunciado, lo que permitió una condena por conformidad que le ha supuesto el pago de una multa de 1.623 euros, desglosados en 18 meses y un día a razón de 3 euros diarios, sin que haya podido recuperar su vivienda.
Se da el caso que desde hace algo menos de un año la familia inquilina del chalé ha dejado de pagar la mensualidad correspondiente estipulada en el documento contractual lo que, según fuentes allegadas al dueño del inmueble, va a suponer la inminente interposición de una nueva demanda de desahucio por el impago de la renta pactada en el contrato para poder recuperarla.
PepEl problema en realidad es fácil de solucionar. Limitar la llegada de inmigrantes bajaría la brutal demanda actual de alquiler. Dar garantías a los propietarios frente a los ocupas y morosos aumentaría drásticamente el número de viviendas en oterta, ahora retenidas por puro miedo o precaución. Sólo falta la voluntad política de tomar esas medidas. Caso contrario, esto no tiene remedio.