Una familia de Ciutadella con dos hijos menores de edad, uno de ellos con una discapacidad del 33 por ciento, aguarda con desesperación el pronunciamiento de la sección primera del Tribunal de Instancia a la petición que reiteró ayer su abogado para que vuelva a suspender el desahucio del piso en el que viven desde hace 22 años, primero como propietarios hasta 2018, y luego como inquilinos del fondo social del BBVA que se quedó con el piso.
La vivienda, situada en la calle Vila Juaneda, fue adquirida al banco por la sociedad inmobiliaria Torrance Investment, con sede en Madrid, el año pasado. Para entonces, la ejecución del desahucio, a partir de una sentencia favorable al banco en segunda instancia, quedó paralizada por un nuevo recurso del letrado de la familia, José de Juan López.
La inmobiliaria reactivó la petición para recuperar el piso que derivó en el auto de desalojo voluntario el 28 de diciembre o forzoso, un mes más tarde. La ejecución sigue fijada para el próximo miércoles a las 10 de la mañana.
Medidas extraordinarias
En el escrito ingresado ayer en la sección judicial, el abogado ciutadellenc solicita con urgencia la activación de medidas extraordinarias «que eviten perjuicios irreparables a la unidad familiar dadas las necesidades especiales de uno de los hijos menores de edad».
Este nuevo escrito sigue al presentado hace una semana, que a su vez sucedía a otro del 17 de diciembre para subrayar la extrema urgencia de la situación considerando que a solo tres días hábiles para la ejecución, la sección judicial 1 de Ciutadella todavía no ha dictado ninguna resolución, «lo que coloca a la familia en riesgo de un perjuicio irreparable».Por todo ello ruega un pronunciamiento urgente sobre la oposición al despacho de ejecución y, al mismo tiempo, la suspensión del lanzamiento.
Vulnerabilidad de la familia
Esgrime el abogado la situación de vulnerabilidad de la familia, incorporando partes de incapacidad temporal del padre, certificación del SEPE, nóminas y expediente de reconocimiento de discapacidad de uno de los menores. Destaca el interés superior del menor para detener el lanzamiento.
Al mismo tiempo, De Juan López pide a la juez que requiera a los servicios sociales del Ayuntamiento de Ciutadella, que no se han pronunciado todavía, y al área de Bienestar Social y de Vivienda del Consell para que emitan de forma urgente los informes sociales solicitados sobre la situación de vulnerabilidad de esta familia y la posible alternativa habitacional con carácter prioritario. «Parece mentira que con la urgencia del caso, ni en el Ayuntamiento ni en el Consell hayan respondido aún a los informes que hemos pedido», señala el abogado.
La documentación aportada en el procedimiento por la familia, estima su defensa, acredita la vulnerabilidad económica y social y la especial situación de los menores, incluyendo incapacidades temporales, ingresos y expediente de discapacidad del menor, por lo que pide a la juez que la tenga en cuenta con la máxima urgencia.
fotutEs todavía más chorrada gastarse 6 millones en promoción turística y no tener ni un euro para gente vulnerable.