La Policía Nacional ha liberado en Palma a 15 mujeres de nacionalidad china víctimas de una organización criminal dedicada a la explotación sexual, en el marco de la operación Pascua, desarrollada principalmente en Mallorca, donde se practicaron 12 de las 14 detenciones. Siete de los arrestados han ingresado en prisión provisional.
La investigación, iniciada en abril de 2025, arrancó tras dos denuncias anónimas recibidas en el correo del Servicio de Atención a las Víctimas de Trata y la colaboración decisiva de una mujer que logró huir de uno de los pisos prostíbulo en Palma.
Según explicó el comisario Fernando Guerrero, jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos, se trata de una organización «criminal china, extremadamente violenta y con una estructura muy jerarquizada dedicada a la trata de seres humanos», dedicada a captar mujeres en China y en España mediante engaños laborales.
Explotadas en pisos de Palma
Las víctimas eran trasladadas hasta Palma, donde permanecían recluidas en apartamentos utilizados como prostíbulos, obligadas a ejercer la prostitución las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin libertad de movimiento y bajo vigilancia constante.
«Trabajaban sin descanso y todo el ejercicio de la prostitución estaba controlado por miembros de la organización o por cámaras», señaló Guerrero, quien subrayó que las mujeres eran tratadas «como objetos de compraventa entre redes criminales».
La red las obligaba además a realizar servicios a domicilio, en muchos casos sin preservativo, una práctica incentivada por la organización para cobrar más a los clientes, poniendo gravemente en riesgo la salud de las víctimas.
Todas ellas eran de nacionalidad china, al igual que 13 de los 14 detenidos —solo uno es español—, y muchas llegaron a España tras aceptar supuestas ofertas de empleo como masajistas, cuidadoras o trabajadoras de hostelería, con sueldos prometidos de hasta 2.000 euros mensuales.
Deudas, violencia y drogas
La organización asumía los gastos del traslado desde China, generando deudas de entre 10.000 y 15.000 euros, que las mujeres debían saldar ejerciendo la prostitución. «Era una deuda perpetua que nunca terminaban de pagar, y, además, solo percibían únicamente el 50 por ciento de las ganancias una vez ya descontada la manutención», explicó el inspector Juan Lemos, jefe del Grupo 1 de UCRIF en Palma.
Además de la explotación sexual, la red se lucraba con la venta de drogas y potenciadores sexuales a los clientes. En uno de los pisos investigados en Palma, los beneficios alcanzaron 1,2 millones de euros en un año.
Durante los 10 registros realizados, tres de ellos en apartamentos que han sido clausurados por orden judicial, la Policía intervino 190.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama, armas blancas prohibidas, pistolas táser, drogas, joyas y abundante documentación.
«Las condiciones eran insoportables y aceleramos la intervención para proteger la vida y la salud de estas mujeres», recalcó Guerrero, quien destacó que seis de las víctimas han sido declaradas testigos protegidos.
JoanSi se castigara severamente el USO de la prostitución y la cultura de ir de pvt6s! Otro gallo nos cantaría.