El reportaje de la redacción MENORCA 15/02/23 sobre la mortalidad en Menorca del año pasado me ha hecho reflexionar sobre la esperanza de vida en general y en particular en nuestra isla, y sobre la repercusión de la misma a corto y medio plazo. Una repercusión habida cuenta los cambios sociales importantes que se están produciendo, la incertidumbre económica y la falta de previsión, en mi opinión, de nuestros políticos al respecto.
Sabemos que la esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive, o viviría, una determinada población en un período de tiempo si se mantuvieran los mismos patrones de mortalidad del momento de su nacimiento a lo largo de toda la vida. Algo que se calcula mediante una fórmula matemática según «el promedio de edad de las personas fallecidas en un año».
Así la esperanza de vida al nacer en el 2020 en España, leemos, fue de 82,2 años, 85 en las mujeres y de 79,5 en los hombres, cuando a nivel mundial se encontraría entre 70 y 73 años; situándonos, por tanto, entre los países de mayor expectativa de vida, como Japón (83 años) o Canadá, Suiza, Singapur, Noruega, Australia, Liechtenstein, Islandia, Israel, Italia, todos ellos como nosotros con 82 años.
Datos de este mes de noviembre del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que la esperanza de vida al nacimiento en el 2022 fue de 83,08 años, 80,36 en varones y de 85,74 en mujeres, lo que da una idea de la tendencia futura, que según algunas fuentes, estiman llegará a los 93 años en el año 2050.
Que Menorca fuera la isla de Balears donde la mortalidad desde la pandemia fuera más alta en el 2022, como señala la noticia, no indica, en mi opinión, más que nuestra población es más estable, estaba más envejecida y que la mortalidad por la covid-19 ha sido básicamente edad dependiente, y poca cosa más, viendo la edad de las defunciones, que de 749 muertes, 328 fueron de mayores de 85 años (43,8%) («Es Diari» 26-11-2023).
Viendo este marco y el porcentaje de fallecimientos por encima de 85 años nos hacemos una idea de como puede ser el futuro. Solo decirles que a partir de los 85 años en la actualidad se admite que la mitad de las personas se encuentran en estado de fragilidad o son directamente dependientes, al tiempo que el 50% presentan a nivel mental o un trastorno cognitivo mínimo o una demencia.
Así, un futuro con una sociedad cada vez más envejecida y con más enfermedades crónicas debidas a esta condición y con una expectativa de vida sin límite, (hablaba una bióloga de llegar a los 140 años, leía el otro día en la prensa) una inmortalidad en vida («eternamente viejos» comentan Arsuaga y Millán en su libro «La vida contada por un sapiens a un neandertal». Ed. Alfaguara, 2022), en un marco social y sobre todo y económico amenazante para esta situación demográfica.
Digo amenazante pues la sociedad tradicional, cuyo núcleo era la familia que es la que proveía de cuidados a las personas mayores, está en vías de desaparición; los descendientes responsables si los hubiera, claudican en los cuidados de éstas en muchas ocasiones habida cuenta una supervivencia cada vez más dilatada y unos costes económicos para su mantenimiento difíciles de asumir que hace que se recurra cada vez más a la administración para que se haga responsable del cuidado de sus familiares. En este sentido es sintomático la disparidad entre la demanda de plazas en los geriátricos, las plazas existentes y las proyectadas para el futuro.
Y unos descendientes que ven como todo lo ganado en vida por sus padres se utiliza en el cuidado de éstos, desapareciendo todo rastro de futuras herencias que pudieran aliviar una situación económica actual a veces peor a las que vivieron sus progenitores a los que ahora cuidan, y/o hipotecándose sin quererlo (herencias con hipotecas inversas) a la hora del fallecimiento con lo que se condiciona su futuro (algo que ya está ocurriendo).
Y amenazante a nivel económico pues el cambio de la pirámide poblacional, pocos nacimientos y una vejez sin límite hará difícil o complicado a la administración pública del momento el mantenimiento de los costes económicos de los mayores independientes (jubilaciones) y de aquellos dependientes (cuidados domiciliares o en residencias asistidas o geriátricos) así como de la atención sanitaria de éstos. Pues el sistema de reparto en la financiación de las pensiones, por un lado, se rompió hace tiempo y los impuestos a los contribuyentes a buen seguro no llegarán a ser suficientes para costear las necesidades venideras.
De ahí que, en mi opinión, se impone fijar y consensuar unos objetivos a largo plazo que hagan viable esta situación demográfica que ya ha empezado a manifestarse.
Una visión de futuro con unas previsiones que obligará a cambios a largo plazo, algo imposible en la actualidad, dado la dinámica de la política española acostumbrada a fidelizar a la población mediante desembolsos económicos con los que cubrir cualquier objetivo político inmediato pero prescindible, pero que se consolidan en gastos futuros difíciles de eliminar.
Así, unos cambios que obliguen a planificar, ordenar, los recursos actuales y venideros en previsión de dar respuesta a las importantes necesidades que en este sentido se van a dar en el futuro.
Es mi opinión.